La Abogacía de Baleares denuncia las amenazas a profesora de La Salle de Palma
El Govern balear ha explicado este jueves que las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades derivadas de estas amenazas «intolerables» a la docente de este centro concertado de Palma. El ejecutivo autonómico ha subrayado su compromiso con el profesorado y ha reiterado que no dejará desamparado a ningún docente, «profesionales fundamentales para el futuro de una sociedad sana que tienen que ser respetados y protegidos para que puedan trabajar libremente». El Govern balear anunció este lunes que denunciaría los insultos y las amenazas contra la docente a la Fiscalía por entender que podrían ser delictivos.
El pasado viernes, responsables del colegio La Salle suspendieron las últimas clases y mandaron a casa a una treintena de estudiantes que habían tenido un enfrentamiento con la profesora de Catalán, según los padres de alguno de ellos porque la docente no toleraba que se exhibiera la enseña española y, de acuerdo con la versión de los profesores, porque se insubordinaron y le faltaron al respeto.
El conflicto se hizo público a raíz de que un padre criticara la expulsión de los estudiantes por razones políticas mientras que el colegio, por su parte, envió una circular a los padres de alumnos firmada por el director técnico de Secundaria en la que justificaba la decisión de expulsar a los estudiantes en el hecho de que desobedecieron y se enfrentaron con la docente.
La entidad Educación Plis ha afirmado este jueves que la dirección de La Salle incumplió el reglamento al expulsar el pasado viernes a 32 alumnos sin pedir audiencia a los padres, negándoles así su derecho a la educación. El propio centro concertado infringió las “normas de convivencia” a las que invocó para justificar la expulsión, que fue nula, afirma esta organización en un comunicado.
Educación Plis alude al Decreto 121/2010, la normativa que regula las normas de convivencia de los centros sostenidos con fondos públicos, que la dirección del colegio «infringió de forma grosera». Además, esta entidad critica que el conseller de Educación, Martí March, no comparezca en el Parlament para qué dé cuenta de la labor de inspección realizada por este departamento a raíz de esta polémica.
