La mayoría del Congreso aprueba la LOSU, la nueva ley del sistema universitario
La Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ahora continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, ha contado con el apoyo de ERC y PNV y ha salido adelante por 176 votos a favor, 156 en contra y 11 abstenciones. La iniciativa de Joan Subirats, heredada de su antecesor Manuel Castells, ha incorporado dos enmiendas del Grupo Plural durante su debate en el Pleno para garantizar «niveles de buen gobierno y calidad contrastables con los estándares internacionales» y suprimir la tasa de reposición.
El PP, Vox y Ciudadanos han sido los más críticos con este proyecto de ley, por lo que han votado en contra, junto al BNG y CUP, al considerar que es mejorable, mientras que Bildu, JxCat y Coalición Canaria han decidido abstenerse en la votación. Los diputados del PNV y ERC han defendido el texto al señalar que introduce avances significativos respeto a la norma anterior, después de haber aceptado muchas de sus enmiendas, entre ellas sobre el refuerzo de las competencias de las comunidades autónomas.
Sin embargo, la mayoría de los partidos ha coincidido en que es una ley poco ambiciosa que no mejora el sistema universitario como podría haberlo hecho, y consideran que se ha perdido una gran oportunidad de mejorar la norma. No opina lo mismo Subirats, quien la ha calificado de necesaria porque la anterior tenía ya más de 21 años y se hizo cuando aún estaban por desplegar todas competencias de las comunidades autónomas y en un momento en que eran imaginables los cambios tecnológicos que se han producido.
El nuevo texto modifica las condiciones laborales del profesorado asociado, convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, con la idea de reducir la temporalidad; y persigue mejorar la situación del personal docente e investigador, para garantizar, entre otros, derechos la antigüedad o complementos salariales. Plantea además el compromiso de gasto mínimo del uno por ciento del PIB y establece títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.
Entre las enmiendas admitidas durante su tramitación, destaca la que prohíbe a los colegios mayores privados que tengan un régimen segregado adscribirse a una universidad pública para evitar escenas machistas como las del colegio Elías Ahuja de Madrid.
La ley también ha incorporado propuestas como que el personal no funcionario pueda ser rector o topar el precio de las tasas universitarias, que solo podrán mantenerse o bajar. Además, la nueva ley consagra por primera vez el paro académico, con lo que los estudiantes no podrán ser castigados en caso de inasistencia a clase o a un examen por ese motivo.