Las cinco comunidades del PP insisten en la retirada de la nueva selectividad

En un receso de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Pilar Alegría, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha lamentado la decisión de Castilla y León y Madrid de dejar de tomar parte en la definición de la nueva EBAU porque «pierden la oportunidad de colaborar». Galicia también ha subrayado que ha abandonado las mesas técnicas porque son «un simulacro de participación».

Por otro lado, el número dos de Alegría ha descartado empezar de cero como piden los territorios del PP por distintas razones: «¿Qué hacemos con todo lo avanzado?. ¿Le explicamos a la gente que ha estado trabajando en esto que no ha servido para nada?. ¿Serviría ello para alcanzar un consenso?».

En la reunión se ha corroborado la decisión acordada el día 2 entre el Ministerio y 15 comunidades de aplazar un año la aplicación de la futura EBAU, alineada con el nuevo diseño curricular de la Lomloe, con el doble objetivo de lograr el máximo consenso posible y dar más tiempo a docentes y alumnos a asimilar los cambios del nuevo enfoque, menos memorístico y más competencial (saber aplicar lo que se aprende). Solo Castilla y León y Madrid no apoyaron entonces el aplazamiento al defender una prueba única para todo el territorio nacional, una idea que comparten también Murcia, Galicia y Andalucía.

Bar ha recordado que en el primer año de la fase transitoria hasta la plena implantación de la EBAU (curso 2027-28) no habrá prueba de madurez, por lo tanto en 2024 se seguirá el actual modelo de evaluación por materias «aunque se irán introduciendo progresivamente el carácter competencial». Tras señalar que la reunión ha sido «muy positiva y constructiva», ha añadido que el PP tampoco hizo una prueba única durante el Gobierno de Rajoy. «No se hizo –ha razonado– porque es inviable jurídicamente», pues hay una sentencia del Constitucional de 2007 que así lo declara; además no es posible porque hay 17 curriculums distintos y «rompería el concepto de distrito único (la libertad de matricularse en cualquier universidad)».

Por otro lado, ha explicado que en el verano del 2023 los alumnos conocerán en detalle cómo será la prueba de 2024, que irá introduciendo algunos aspectos competenciales.

Al término de la reunión, el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, ha recalcado que «ellos podrán seguir trabajando, pero no van seguir trabajando con nosotros: No vamos a ser copartícipes de una prueba que no arregla el problema fundamental, que es la igualdad de oportunidades de los alumnos en España». «No puede haber un distrito único universitario si no hay unas pruebas únicas y si encima la prueba que se diseña no es una prueba de calidad, que según expertos no sirve para evaluar los conocimientos».

El conselleiro de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha dicho que el examen propuesto «solo está suscitando críticas no sólo desde la perspectiva política sino desde colectivos de profesores, profesionales e instituciones culturales de primerísimo nivel, como la RAE u otras academias vinculadas con asignaturas que se devalúan absolutamente como la Filosofía, la Historia o las lenguas”. “Estamos en un momento ya sin retorno”, ha añadido Rodríguez, quien ha recordado que en las comunidades gobernadas por el PP se educan aproximadamente el 50 % de los jóvenes de España, pero que su opinión no es tenida en cuenta”.

Por su parte, la consejera de Castilla y León, Rocío Lucas, ha reiterado su petición de retirada del proyecto y que «entre todos nos sentemos a hablar de cómo se puede implementar una prueba única para todo el territorio nacional, dado que existe un distrito universitario único». «No queremos ser cómplices de un proyecto que ahonda más en las diferencias del sistema educativo y universitario entre las distintas comunidades autónomas», ha defendido la consejera de Educación.