García-Page irá al Constitucional si la LOSU incluye ideología en los claustros

Durante un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el campus de Toledo, García-Page se ha referido a una enmienda de ERC y Bildu en la reforma universitaria, pendiente de aprobar en el Senado, que abre la puerta a que los claustros puedan hacer posicionamientos políticos.

García-Page ha confiado en que el Senado «eche atrás» la enmienda pero ha avanzado que, de lo contrario, la comunidad autónoma acudirá al Tribunal Constitucional: «que los claustros puedan hacer pronunciamientos ideológicos es grave», ha sentenciado. A su juicio, el objetivo de la enmienda es defender lo que ocurrió en algunos claustros de Cataluña sobre el «procés», y ha agregado que esa situación no se puede amparar en una ley.

El presidente castellanomanchego también ha recordado la reunión el pasado noviembre con el ministro de Universidades, Joan Subirats, para hablar sobre la reforma universitaria, en la cual «más o menos, medio conseguimos un acuerdo» y ha lamentado que las enmiendas están empeorando el texto y «va camino de un choque de trenes».

Por otro lado, más de mil profesores universitarios han suscrito una carta abierta a senadores y diputados para que la futura Ley Orgánica del sistema universitario (LOSU) proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros para evitar que puedan repetirse posicionamientos políticos como los que tuvieron lugar contra las condenas de los políticos del procés en 2019.

Recuerdan que el propio Tribunal Supremo ratificó la nulidad del «Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la vida política». Según los firmantes, «se hace evidente que la enmienda supone una respuesta a varias decisiones judiciales que han anulado pronunciamientos políticos de los claustros de las universidades catalanas (…) que ampararon a profesores que habían entendido vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión, cuando los claustros de sus universidades adoptaron declaraciones de carácter partidista», señalan.

«Cabe recordar, tal como lo hacen estas decisiones judiciales, que las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra», han añadido. Por todo ello, reclaman que se suprima el punto que abre la puerta al posicionamiento de los claustros y, más allá, se incorpore en el texto «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».

Entre otros, forman parte del grupo promotor de la iniciativa, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero; el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas; la profesora de Economía Financiera de la Universidad Rovira i Virgili, Araceli Rodríguez y el profesor de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña Juan Carlos Aguado.