125.000 jóvenes recibirán 900 euros más de ayuda por estudiar fuera de casa
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Educación y FP, Pilar Alegría. © Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Es una de las novedades destacadas por la ministra de Educación, Pilar Alegría, después de la reunión del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el real decreto que regula las becas y el anteproyecto de Ley de las Enseñanzas Artísticas, una norma básica que crea la especialidad de Artes Audiovisuales.
La dotación presupuestaria para becas en el curso 2023-24 supone una «inversión histórica» de 2.520 millones de euros y llegará a más de un millón de alumnos, ha subrayado Alegría, quien se ha preguntado cuántos miles de jóvenes no podrían seguir estudiando sin estas ayudas. Se trata de una política “clave para hacer posible la igualdad real de oportunidades de todos los españoles en el sistema educativo y que las condiciones socio-económicas no sean obstáculo”.
La subida de la beca de residencia beneficiará sobre todo a «muchos jóvenes de pueblos y de pequeñas y medianas ciudades» que se han visto obligados a desplazarse a un lugar distinto a su residencia habitual. Otra de las novedades del real decreto es la concesión de una ayuda universal de 400 euros a estudiantes con necesidades educativas específicas (con discapacidad superior al 33 %, trastornos de lenguaje…». Beneficiará en torno a 214.000 jóvenes.
En cuanto a la ley de enseñanzas artísticas, Alegría ha destacado que este sector se reforma por primera vez en más de 30 años; desde «la LOGSE no se ha regulado nada» y ello ha provocado un ecosistema «muy heterogéneo».
El anteproyecto plantea un marco normativo básico que homologa las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.
La futura norma afectará a un sector pequeño de 689 centros públicos y privados, 140.000 estudiantes y 14.000 docentes.