Alumnos pueden pedir desde hoy estudiar en una universidad distinta a la suya
Por medio de este programa de movilidad nacional, que impulsa la CRUE, el alumnado puede cubrir medio curso o el curso completo en otra universidad, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. La selección de los universitarios se llevará a cabo en función de la nota media de calificación.
Este programa de CRUE Universidades Españolas no está apoyado por becas y ayudas económicas a nivel nacional, pero sí puede estar sufragado por becas autonómicas o de instituciones públicas o privadas. Se reservará un 5% del total de las plazas disponibles para aquel estudiantado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
En el caso de que estas plazas no sean cubiertas en una primera fase, se abrirá un nuevo proceso de selección para estudiantado sin discapacidad reconocida.
Los universitarios interesados podrán presentar su solicitud desde hoy y hasta el próximo 27 de febrero para el curso académico 2023-24.
Por otro lado, la coordinadora de la Conferencia de presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas, Mónica Bragado, ha asegurado este lunes que la nueva ley de universidades supone «una oportunidad perdida» y un «retroceso en participación de la sociedad». Así se lo trasladó Bragado a la consellera de Universidades, Josefina Bueno, este pasado viernes en un encuentro en el que los presidentes de los Consejos Sociales de las universidades valencianas adquirieron el compromiso de trabajar conjuntamente a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
«El texto limita el papel del Consejo Social a informar de aspectos como la oferta e implantación de titulaciones oficiales, la creación y supresión de centros propios, el rendimiento de las actividades académicas, y las normas que regulan el progreso, cuando son cuestiones que, con la legislación vigente, requieren de un informe vinculante o de aprobación expresa por parte del Consejo Social», han lamentado en un comunicado.
Para los Consejos Sociales de la Comunitat, «este órgano debe intervenir de manera fundamental en la toma de decisiones para conseguir una correcta adecuación de la oferta de estudios universitarios a las demandas sociales, así como una adecuada relación entre la duración de dichos estudios y la permanencia del estudiantado en la universidad». No obstante, «lejos de reforzar dichas competencias de los Consejos Sociales, la LOSU las vacía de contenido», han criticado.
Así, han coincidido en que «resulta incomprensible que el actual mecanismo de designación de los miembros del Consejo Social sea sustituido por un procedimiento ante la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma, haciendo menos ágil el proceso y a riesgo de someter al Consejo Social al reparto de cuotas entre los diferentes grupos parlamentarios». En este sentido, Bueno se ha comprometido a trabajar «de forma conjunta» con la Conferencia de presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas para «encontrar los mecanismos que garanticen unos Consejos Sociales que puedan ejercer sus competencias de forma efectiva y con independencia, tanto en su composición como en la toma de decisiones».