March defiende que "se han convertido en funcionarios 3.467 docentes" de Baleares
En el turno de preguntas de control al Govern, la diputada del PI, Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda, se ha hecho eco del «malestar» de unos 4.000 docentes interinos de Baleares «que se ven en peligro de quedarse sin plaza», por un proceso ordinario que estabilizará unas 400 plazas y otro extraordinario que afecta a unas 2.800. Entre sus quejas, ha destacado que pueden no quedarse en la isla donde están y que para presentarse al proceso tiene que abonar una tasa de 83 euros por especialidad que ha tildado de «una barbaridad».
March ha respondido que preocuparse por los interinos fue una de las primeras cosas que hizo el Govern actual y además se ha centrado en mejorar sus derechos, de manera que antes del acuerdo marco de 2015 los interinos no tenían derecho a sexenios y ahora sí, ha puesto como ejemplo. También ha asegurado que desde 2017 se han hecho oposiciones y han salido 4.275 plazas y «se han convertido en funcionarios 3.467 docentes». En comparación con otras comunidades autónomas, el conseller de Educación ha asegurado que en Baleares para las plazas vacantes y temporales se da un tiempo de 3 años y en las demás comunidades la mayoría son de 1 año.
En relación con la llamada ‘ley Iceta’, ha explicado que posibilitará estabilizar este año 2.848 plazas, lo que «permitirá llegar al 8% de interinos» y ha recordado que se hace por concurso de méritos, concurso de oposición y tasas de reposición. «Hemos puesto requisitos para proteger a nuestro docentes», ha añadido. En total, ha dicho que se habrán convocado más de 8.000 plazas para interinos. «Si esto supone ir en contra de los interinos es una interpretación con la que no estoy de acuerdo». Sobre el coste de concurrir, ha admitido «es verdad que las tasa son altas», pero ha recalcado que durante el debate de la ley de presupuestos «nadie objetó las tasas».
Sureda ha insistido en su réplica que «hay un grupo de interinos que no está nada de acuerdo» con el proceso ante la consecuencia de que «hay gente que tiene trabajo que puede que ya no lo tenga». «¿Qué plan tiene para que toda esta gente que se quede sin trabajo después de tantos años trabajando en la administración?», ha cuestionado Sureda, que ha insistido en que en el proceso de estabilización «no se ha tenido en cuenta desde el Estado las características de las islas».