Escuelas Católicas, en contra del cheque escolar por el que aboga Omella

En declaraciones a Efe, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha explicado que se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal, y esta le ha asegurado que «no es una propuesta», sino una «opción más que ponen sobre la mesa» para su debate. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha abogado por que el Estado financie un cheque escolar para garantizar el acceso a un sistema gratuito con independencia de la titularidad del centro, sea público o privado, religioso o laico.

Huerta se ha opuesto a este sistema de financiación, que se aplica por ejemplo en EEUU, Italia o Australia y donde no se garantiza la gratuidad, pues «en lugar de mejorar el sistema, castigaría a las familias que no pudieran pagar lo que excedería de esa parte gratuita del cheque e impediría su acceso al modelo educativo que quieren para sus hijos».

El cheque, «al ser consustancial a la fijación libre de los precios y teniendo en cuenta que los fondos públicos son limitados, solo permitiría que fuera gratuito el centro cuyos precios coincidieran con el importe del cheque y eso provocaría la separación de los alumnos, por ejemplo, según la capacidad económica de las familias, de alumnos de zonas de poca población o con necesidades especiales, con lo que se eliminarían los valores de equidad y cohesión». Por esta razón, «nosotros proponemos mejorar los conciertos» entre los centros y las respectivas administraciones educativas, ha subrayado el secretario general de la patronal, quien ha indicado que pese a «todas las deficiencias (de los convenios) ayudan a garantizar la gratuidad que marca la Constitución y la integración de todos los sectores en la educación».

Huerta ha abundado en que hay que atender a todos los alumnos, «no solo a quienes pueden pagar desde donde se quede el cheque hasta el precio que marca el centro; hablo del modelo de cheque escolar que hay en otros países. Aquí cuando la gente habla de cheque no dice si quiere mejorar ese modelo e intuyo que quieren imponer el que funciona en otros lugares, que contribuye a aumentar la desigualdad». También ha recordado que aún no se ha implementado el mandato de la Lomloe de reunir las comisiones encargadas de estudiar el coste del puesto escolar.

El presidente de la Conferencia Episcopal propuso algunas iniciativas “cuya implementación corresponde principalmente a los laicos” en la 121ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada el lunes. Entre otras, hizo las siguientes propuestas:

1. Proponer la familia como fuente de cohesión social y de vida, ya que “es la comunidad más original, profunda y universal de la humanidad”. Lo moderno y lo familiar “se han presentado como polos opuestos”. Sin embargo, “una sociedad moderna solo es sostenible si es familiar”. La familia “es una alternativa al modelo de modernidad individualista, utilitaria y desvinculada”, que está causando “tanto daño psicológico y emocional” y que ·hace insostenible la vida social y el desarrollo humano”.

2. Promover un sistema educativo gratuito que respete la libertad de los padres a la educación de sus hijos. La Iglesia católica “tiene una propuesta educativa para la persona, la familia y la sociedad”. En ningún caso “la imponemos, pero sí que exigimos el respeto a la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos en conciencia según sus valores”. Un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución (art. 27 CE).

“Apostamos” por una educación que enseñe a amar, que promueva una educación afectivo-sexual “orientada a este modo de amar y ser amados” y que presente a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido que colme sus anhelos y “no sucedáneos ideológicos programados con otros intereses”.

También “apostamos“ por una educación gratuita “con independencia de la titularidad privada o pública del centro y del modelo educativo”. El cardenal Omella ha señalado que “observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado” garantizadas por nuestra Constitución. Además, “nuestro sistema de enseñanza concertada” está “siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos”.

“¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la Administración competente?, ha interpelado. El Estado “no puede olvidar su deber de respetar el principio de subsidiariedad y evitar identificarse con un determinado modelo educativo, adscripción ideológica, o titularidad de la escuela. De otro modo nuestro Estado estaría pasando a ser un estado confesional laicista, discriminando a los ciudadanos y ciudadanas cristianos o de otras religiones”.