Ayuso destina casi 50.000 euros para cubrir las clases del alumnado de la privada que enferma

La Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso destinará 48.101 euros para garantizar las clases particulares que reciban los alumnos inscritos en centros de Educación privados cuando estos padezcan una enfermedad de larga duración. Así lo refleja una licitación ya publicada en el portal de contratación pública de la CAM para que empresas externas realicen su solicitud al organismo público, con el objetivo de cubrir el tiempo de ausencia de los estudiantes de entre el 2º ciclo de Infantil hasta Bachillerato «para evitar el desfase escolar que pudiera derivarse de esta situación» explican en la descripción.

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha denunciado esta situación de «desvío de fondos públicos a empresas privadas», alegando que el SAED (Servicio de Apoyo Educativo Domiciliado), que cubre la Educación del alumnado enfermo de centros públicos y concertados cada vez padece más recortes y dispone de menos medios. Desde CC.OO. alzan la voz diciendo que esto es una constante en el Gobierno de Ayuso, y ponen de ejemplo «los cheques escolares para las familias ricas destinados a los estudios de FP», en referencia a las becas públicas para alumnos inscritos en enseñanzas de Formación Profesional privadas.

La Comunidad de Madrid es la segunda autonomía con menor porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos, con un 54,3% en el curso 2021-22, tan solo por delante de País Vasco, que obtiene un 51,1%. Si desglosamos la información y comprobamos qué porcentaje de aquellos que no van a la escuela pública van a la privada, en Madrid aumenta al 16,1%, la cifra más alta de toda España con diferencia, seguida de Cataluña, con un 8,5%. Además, la Comunidad de Madrid es el territorio con más centros privados en torno al total de centros educativos de la región. Hasta un 47% son o bien concertados o privados en este curso 2022-23, según el INE.

El SAED no cubre a los centros que no se financian con dinero público, por lo que los alumnos de los centros privados que padezcan enfermedades de larga duración y deban de permanecer en casa o en el hospital por un tiempo se encontraban al descubierto ante esta situación. El Gobierno de Ayuso intenta con esta medida que estos alumnos no queden sin protección pública, a pesar de que las familias han decidido matricular a su hijo o hija en un centro privado, con las altas tasas que supone. Es por ello que Galvín cree que «en caso de enfermedad tendrían que ser los colegios privados los que asumen este gasto para su alumnado», ya que el pago de las cuotas también debería cubrir estas situaciones, «y no el erario público» asume Galvín.

Para CCOO esta medida es «de dudosa legalidad» porque no se garantiza ni la cualificación de quien imparta esas clases ni tampoco la impartición del currículo oficial. En los pliegos de la oferta, tampoco se especifica que la empresa externa tenga que dedicarse a fines educativos, sino que pueden pertenecer a otros ámbitos. La externalización a una empresa privada supone que «la supervisión de la Educación que se imparte a estos niños sea muy complicada», concluye Galvín.