El PP asegura que garantizará el derecho a una educación bilingüe en Cataluña
El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco, en el Centre Cívic Casa Golferichs de Barcelona, junto al vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado y el presidente de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández.
Así lo ha asegurado esta tarde en el Centre Cívic Casa Golferichs de Barcelona, junto al vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado; el presidente de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández, y el líder del partido en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera. Martín Blanco ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de garantizar un 25% de castellano en tres colegios más, algo que el candidato del PP ha calificado de «exigencia democrática» y de «de justicia social».
El candidato del PP ha asegurado que es importante que «las dos lenguas –catalán y castellano– sean vehiculares en los colegios catalanes» y ha pedido «hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle». Además, ha destacado su «defensa de una catalanidad inclusiva» que no «menosprecia» a otras regiones de España, sino que valora su aportación al país. «El problema es que el catalanismo que gobierna Cataluña está trufado de hispanofobia, de odio a España», ha manifestado.
El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) ha resuelto que el 25% de materia en castellano sea definitivo en tres escuelas catalanas donde el porcentaje se estaba impartiendo siguiendo medidas cautelares, y entre las que se podría encontrar la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). La decisión del TSJC la ha hecho pública el tribunal este miércoles después de que ayer los miembros de la sección quinta de la sala contenciosa administrativa estuviesen deliberando sobre cinco recursos presentados por familias en relación a la enseñanza en castellano en los colegios donde estudian sus hijos, en los que se está impartiendo el 25% de castellano como medida cautelar. Está previsto que las sentencias se hagan públicas en los próximos días.
En dos de los cinco casos, el TSJC ha paralizado la deliberación a la espera de recibir información complementaria y en los tres restantes ha decidido estimar parcialmente la petición de las familias al considerar definitivo impartir el 25% de materias en castellano y al desestimar la petición de las familias demandantes de anular el proyecto lingüístico de centro. El TSJC ha resuelto que las familias «tienen derecho a que la escuela proporcione una enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana, que comprenda, como mínimo, además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que se considere troncal o análoga».
Sobre esta decisión, la consellera de Educación, Anna Simó, ha lamentado que el tribunal haga «política en campaña electoral» y que lo haga «desoyendo la legislación» aprobada por el Parlament y por el Govern de la Generalitat. «El TSJC hace caso omiso de la nueva legislación y del sistema pedagógico» y «trabaja con criterios que no se adecuan a la realidad» porque el sistema educativo «no se articula en materias segregadas» y «no hay materias troncales», ha deplorado Anna Simó
Según la consellera, «es muy probable» que el TSJC «haya querido entrar en campaña y haya querido avanzarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley lingüística catalana» con la que la Generalitat pretende frenar la imposición del 25 % de materias en castellano en los colegios. «El TSJC centra y el TC chuta a portería», ha metaforizado Anna Simó, que ha lamentado la «dinámica judicializadora» en cuestiones de pedagogía, «sustituyendo al Govern y a la Consellería».
La consellera ha anunciado que la Generalitat está preparando los recursos de casación correspondientes a las tres sentencias, que se presentarán ante el Tribunal Supremo cuando éstas sean públicas. En paralelo, ha anunciado que la próxima semana se empezará a desplegar el título de la ley lingüística de Cataluña que hace referencia a usos lingüísticos en los centros educativos y que «complementa la legislación actual» con el fin de «dar seguridad jurídica a los centros en el uso de todas las lenguas del sistema educativo».