La tumba del progresismo conservador
Los centros educativos privados están muy preocupados por el avance negativo de la natalidad en España y por la desaparición en la Lomloe del concepto de “demanda social”, ése que les permitía ampliar el número de aulas para cubrir todas sus solicitudes de matrícula. En cambio, los centros educativos públicos están menos inquietos ante ese descenso de la natalidad, pues los puestos de trabajo de sus maestros funcionarios están asegurados, en un centro o en otro, y porque gracias a la nueva ley de Educación se ha eliminado la posibilidad de que haya una desbandada masiva de alumnado en busca de una educación privada que, a priori, asegura una formación moral y religiosa más acorde a la tradición cultural de las familias españolas.
Algunas personas progresistas presumen de las bondades legislativas aprobadas durante la vigencia de la Segunda República española. Y uno se pregunta por qué nada dicen de una de las leyes sancionadas por la Generalitat de Cataluña el 25 de diciembre de 1936 y que después haría suya el gobierno del presidente Largo Caballero. El día de Navidad del año 1936, como un adelanto demoniaco a la sentencia de muerte dictada por el rey Herodes, se aprobó en Cataluña el aborto libre durante las doce primeras semanas de embarazo. Una ley que se aplicaría en 1937 en el resto de la España republicana y que sería derogada por el dictador Franco al llegar al poder.
Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno ansían el regreso de un tercer periodo republicano en España, pero no para liberalizar el aborto. Zapatero ya fue un poco más allá de la crueldad dictada por la ley republicana de 1936 y liberalizó el aborto durante las catorce primeras semanas de embarazo en el año 2010, modificando la ley de 1985 que lo despenalizaba en tres supuestos.
Muchos de los centros educativos públicos y privados de nuestro país no existirían en la actualidad de seguir vigente aquella ley del aborto del año 1936. Tampoco Pedro Sánchez podría aspirar a repetir como presidente del Gobierno español si pudieran votar el millón de ciudadanos españoles mayores de 18 años que se vieron privados de su derecho a la vida entre los años 1985 y 2005 por culpa de la ley del aborto. La cuestión es que, de seguir con esta premisa, tampoco el señor Núñez recibiría el voto de ese millón de españoles víctimas del aborto. Cosas que pasan a aquellos políticos conservadores que lo son por su empeño en “conservar” todas esas leyes retrógradas de los mal llamados progresistas.