Casi 600 menores infractores han realizado estudios mientras cumplían el internamiento
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la entrega de diplomas en el CIMI de Sierra Morena.
Un total de 580 jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad impuestas por los jueces en los centros de internamiento de menores (CIMI) han realizado estudios de formación reglada o no reglada durante el curso escolar 2022-23, de los que más del 63 % han obtenido el título correspondiente o superado el curso.
En el presente curso, 403 jóvenes de los CIMI han estado matriculados en estudios reglados, en concreto 73 en ESO (de los que 53 han pasado de curso), 257 en Educación Secundaria para Personas Adultas (169 han promocionado), 16 en FP Básica (diez de ellos han aprobado), 30 en grados medios o superiores de Formación Profesional (de los que 15 han superado el curso), 26 en Bachillerato (han promocionado 9) y un joven del CIMI Medina Azahara de Córdoba ha seguido y superado estudios universitarios.
Así, en total han promocionado más de la mitad si bien hay que tener en cuenta que la duración de las medidas varía y no siempre la estancia de los menores en el CIMI coincide con el curso completo, según la Consejería de Justicia y Función Pública.
Otros 177 menores han seguido estudios de formación no reglada, de ellos 33 han realizado cursos de alfabetización, 23 de neolectura, 34 de formación básica, 26 para pruebas de acceso a distintos estudios académicos y 61 para lograr el título de ESO.
De los 580 menores infractores que han estudiado este curso, 491 son chicos y 89 chicas. Además, 144 cumplían medidas de internamiento terapéutico (109 chicos y 35 chicas), que los jueces determinan en el caso de jóvenes con problemas de salud mental y adicciones.
En Andalucía existen 13 centros de internamiento para menores infractores con 701 plazas en total (masculinas y femeninas).
Durante el año 2022 pasaron por ellos 1.084 menores infractores, la mayoría varones (915 chicos y 169 chicas) de entre 16 y 17 años y de nacionalidad española (84 %).
A la mayoría de estos menores los jueces les impusieron privación de libertad en régimen semiabierto (64 %) y al 22 % internamiento terapéutico, y los delitos más comunes fueron los de lesiones y contra el patrimonio.
En función del régimen impuesto por los jueces y el programa individualizado de intervención, se propicia que los menores acudan a centros de la zona como los Institutos Provinciales de Educación Permanente.
Para ello, existe un convenio de colaboración entre las consejerías de Justicia y Desarrollo Educativo que facilita su matriculación en cualquier momento del curso.
