El Gobierno mantendrá la selectividad actual este curso y atrasa los cambios a 2025
El Gobierno mantendrá el formato actual de la selectividad para el año 2024 y pospone los cambios previstos a 2025, según han informado a Efe fuentes ministeriales.
El aplazamiento se debe a que los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de «extrema urgencia», han añadido las mismas fuentes.
En nota de prensa, se comunica que el Gobierno en funciones (los ministerios de Educación y Formación Profesional y Universidades) han informado ya a las comunidades autónomas y a la Conferencia de Rectores de la decisión. Lo han hecho el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que han trasladado también esta decisión al presidente y la secretaria general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Se recuerda cómo el pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó el borrador de Real Decreto que regularía la prueba de acceso a la universidad; un modelo de implantación gradual que comenzaría a aplicarse en el curso 2023-24 y que ahora se retrasará hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo.
Esta decisión, se explica, se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas. Además, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias.
El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha indicado que esta decisión generará «tranquilidad, certidumbre y confianza» en las familias y alumnado, sin tener que afrontar nuevas «reglas de juego» a mitad de curso.
Tras comunicar esta determinación a los rectores y comunidades autónomas durante una reunión telemática, el «número dos» de Pilar Alegría ha dicho que de esta manera «los chicos y las chicas sabrán qué modelo de pruebas de acceso a la universidad va a haber y por tanto eso les va a dar más confianza».
Más allá de consideraciones jurídicas o técnicas, ha añadido Bar, lo importante «era transmitir tranquilidad, certidumbre y confianza a los chicos y a las chicas que se tienen que examinar en junio de este año, o sea que no les vaya a caer una normativa nueva a mitad de curso y que cambie las reglas del juego, por lo tanto desde el mismo inicio del curso» sabrán exactamente de qué se van a examinar en la selectividad en junio y el profesorado sabrá desde el primer día qué es lo que va a hacer.
«Hemos entendido que teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones, no podíamos generar una normativa nueva que vaya a condicionar lo que el gobierno entrante quiera hacer y, por tanto, lo ideal es mantener» la regulación vigente.
Tras este paso, Educación elaborará una orden ministerial –que normalmente se publica en el mes de febrero– para regular los contenidos de las pruebas, dado que tiene que adaptarse al nuevo Bachillerato, derivado de los cambios obligados por la Lomloe.
La presidenta de Crue Universidades Españolas y rectora de la UJI, Eva Alcón, ha aplaudido la decisión del Gobierno de mantener el formato actual de la selectividad para el año 2024 y ha apostado por aprovechar esta prórroga para diseñar «una prueba de garantías».
Alcón se ha expresado así a preguntas de los periodistas tras inaugurar un curso sobre financiación universitaria en la Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, junto al ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats.
«Aplaudimos la decisión, es importante pensar que el estudiantado de Bachillerato está a punto de empezar el curso y tiene que saber las reglas del juego», ha subrayado Alcón, quien también es rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, y que ha recordado que la Crue pidió al Ministerio de Educación que los cambios en la selectividad no se aplicaran este curso.
La presidenta ha abogado por aprovechar este tiempo para que la sectorial de estudiantes, la Crue y los ministerios de Educación y Universidades trabajen «de la mano» en ofrecer una prueba que «dé garantías» al alumnado.
«Tenemos la experiencia de muchísimos especialistas que llevan años trabajando sobre el tipo de modelo, la duración del examen… Esa experiencia no la podemos perder y eso es lo que nosotros podemos aportar», ha apostillado.
Por su parte, Subirats ha explicado que la decisión se toma, además de atendiendo a la demanda del sistema universitario, por la situación actual del Ejecutivo, ya que hay algunas medidas «que es mejor que un Gobierno en funciones no tome porque va más allá de lo previsto desde un punto de vista normativo», ha explicado.
«Aprobar la EBAU iba más allá de lo que era posible hacer desde un Gobierno en funciones e iba a generar reacciones por parte de las comunidades autónomas que iban a ser difíciles de responder» por la situación de provisionalidad del Ejecutivo, ha incidido el ministro en funciones.
El consejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno, ha considerado que la decisión del Ministerio es «sensata» y «muy oportuna» ya que, a su juicio, «traslada estabilidad», «en virtud de las circunstancias políticas actuales, con un Gobierno que está en funciones».
Al tiempo, ha agradecido «el esfuerzo del Ministerio por trasladar una información tan relevante ahora, antes del inicio del curso, a todos los equipos docentes, las familias y el alumnado, facilitando así el conocimiento previo de cómo queda esta cuestión, que es lo verdaderamente relevante, al margen de que circunstancias técnicas hayan impedido convocar la comisión general previa».
También el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su disposición a colaborar con el Ministerio de Educación con la nueva Evaluación de Acceso a la Universidad en los foros de la Comisión General de Educación y de la Comisión de Ordenación Académica y ha agradecido que su aplazamiento a 2025 se haya hecho antes de que arranque el curso. Fuentes de la Consejería de Educación creen que este anuncio «tranquiliza» a la comunidad educativa y le da tiempo suficiente a organizarse.
Lo mismo desde Asturias, donde el director general de Inclusión Educativa y Ordenación del Gobierno asturiano, David Artime, ha respaldado la decisión del Ministerio de Educación como «un ejercicio de responsabilidad y prudencia»: “Otorga certidumbre y tranquilidad a alumnado y profesorado y permite seguir trabajando en los grupos técnicos creados».
Mientras, desde Castilla y León se pide al Gobierno de España, al actual o al próximo, que fije unos criterios basados en la «calidad» y no en «ideología» para las futuras pruebas de acceso a la universidad.
