Ocho de cada diez abusos sexuales contra menores son perpetrados por personas conocidas

Ocho de cada diez casos de abusos sexuales de menores son perpetrados por personas del entorno. Esto, de acuerdo con el informe Por una justicia a la altura de la infancia realizado por la Organización No Gubernamental Save The Children, en el cual se analizan 389 sentencias judiciales relacionadas a abusos sexuales en niños.

El estudio plantea que en los casos de violencia sexual suele empezar alrededor de los once años y que es más común en niñas que en niños. También subraya que un 40,6% de los agresores eran familiares del afectado. Otro dato que acota es que el 4% de las víctimas padecía de algún tipo de discapacidad.

Entre las principales preocupaciones que arroja el estudio aparece la ineficacia por parte del sistema judicial para resolver estos casos. El informe anterior de esta misma entidad planteó que un 67,3% de los casos eran resueltos en dos años. Sin embargo, los últimos datos proponen que, actualmente, solo un 24,3% de los casos llega a ser solucionado en el mismo plazo de tiempo.

Otra deficiencia que señala el informe es el poco uso de las pruebas preconstituidas. Según la información recabada durante la investigación, es común que las víctimas tengan que acudir hasta tres veces a la policía, fiscalía y juzgado antes de poder tener un juicio. Solo en un 24,9% de los casos se grabaron las declaraciones –es decir, la prueba preconstituida– para así evitar el tener que repetir la declaración en distintas ocasiones. Este recurso, además, ha funcionado como prueba para demostrar la existencia de un abuso en el 69,9% de los casos en los que fueron empleados.

Entre las medidas que pide Save The Children para solucionar esta situación se encuentran la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia, la creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, la formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos, la asistencia jurídica gratuita a las víctimas a lo largo de todo el proceso y la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas que eviten la revictimización y la necesidad de que los afectados tengan que repetir su testimonio de forma innecesaria.

Además, también apuestan por la implementación del modelo Barnahus dentro de España. Este sistema, desarrollado en Islandia, consiste en la acción conjunta de todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil, ofreciendo una atención integral a la víctima y evitando la victimización secundaria.

A nivel nacional, este modelo ya fue implantado en Cataluña durante el año 2020 –específicamente en Tarragona– y, actualmente, se está desarrollando en Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino.

Ejemplo de esto es el proyecto Barnahus en España – Fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia a través de la cooperación y coordinación efectiva entre diferentes servicios Barnahus en las regiones de España. desarrollado en conjunto con la Unión Europea y el Consejo de Europa tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y las políticas públicas necesarias para introducir este modelo en nuestro país.