Vox registra una iniciativa parlamentaria para implantar el "pin parental" en Cantabria
La iniciativa, presentada el 2 de octubre y aún en tramitación, busca el apoyo de la cámara para pedir al Gobierno de Cantabria que revise los currículos educativos y se respete «el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos». El partido liderado por Leticia Díaz insta también al Ejecutivo a que establezca «las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores».
Vox, que tiene cuatro diputados en la cámara regional, necesitaría el apoyo del PP, el partido que sustenta el Gobierno regional, para sacar adelante esta iniciativa, en la que también pide que se garantice «el conocimiento previo y aceptación de padres de cualquier contenido afectivo‐sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula». En el escrito de la proposición no de ley presentada, el partido denuncia contenido de «adoctrinamiento» como una tutoría en un instituto de Astillero, donde se trataron temas como la homosexualidad y ejército americano o la transexualidad, o en un centro de Torrelavega, en el que se abordó la educación sexual.
Vox afirma que «se está imponiendo a través de muchos libros de texto una serie de conceptos ideológicos que pretenden crear identidades artificiales, basadas en circunstancias personales, geográficas, etc,. con el fin de socavar la concordia y unidad entre españoles». La iniciativa ha provocado la reacción del sindicato mayoritario en la educación cántabra, STEC, que considera la propuesta un «ataque» a la educación pública. «Vuelven a intentar imponer la censura en las aulas, retirar libros y otros materiales educativos, e incluso señalan determinados centros de nuestra comunidad por hacer bien su trabajo, lo que resulta intolerable», ha acusado el sindicato.
Stec ha apuntado a que «ya existen los debidos mecanismos control, revisión y mejora de lo que se enseña en las aulas» y ha opinado que el llamado «pin parental» es «un delirio grotesco» que «convierte a los docentes en un colectivo sospechoso». También ha contestado a la propuesta Izquierda Unida, que no tiene representación en el Parlamento de Cantabria, acusando a Vox de «estar a un paso de querer prohibir que se enseñe que la Tierra es redonda».
El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha pedido al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), que «confirme si confía o no en los docentes cántabros», porque en su opinión «apostar por el pin parental no es otra cosa que desconfiar de su profesionalidad».
Por su parte, el PSOE de Torrelavega ha defendido «la educación pública, laica y de calidad, que garantice los derechos de los alumnos a recibir una educación integral para el pleno desarrollo de la personalidad». El PSOE se ha referido además en este contexto «al respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». El Partido Socialista de Torrelavega cree que el «pin parental» impide que los niños y jóvenes «sean instruidos en el respeto y la convivencia, normalizando las relaciones entre parejas homosexuales», y que «comprendan el valor de la igualdad entre hombre y mujeres, pilar para erradicar la lacra de la violencia de género”.
El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), se ha mostrado «manifiestamente en contra». «El Partido Popular y en concreto la Consejería de Educación, ya no es que no esté a favor del pin parental: está manifiestamente en contra», ha dicho el consejero a preguntas de los medios de comunicación tras un acto para conmemorar el Día de la Salud Mental. Silva ha considerado que esa propuesta «socava» la «necesaria confianza de las familias hacia los centros y hacia los profesores» porque «fiscaliza» las decisiones de los docentes. Además, ha afirmado que ya existen controles por parte de los servicios de Inspección Educativa para verificar que los contenidos y la práctica docente se enmarquen dentro «de los términos legales».
«Pretender que las familias fiscalicen de alguna manera esa tarea y que la sometan a una especie de autorización previa va en contra de esa necesaria confianza», ha incidido. Y ha subrayado que la libertad de las familias para escoger centros ya garantiza su derecho a elegir la educación que reciben sus hijos. Silva ha señalado además que «existen mecanismos de supervisión» por parte de la Inspección Educativa y los docentes para elegir los libros «más apropiados». «Hay centenares, miles de publicaciones en relación a la oferta educativa, por lo tanto, nadie está libre de que en algún libro de texto o en alguna materia aparezcan cuestiones que pueden tener su polémica, pero eso no quiere decir que lo debamos someter a un control permanente y una desconfianza», ha apuntado.