Cantabria habilitará 250.000 euros para asumir las cotizaciones del alumnado en prácticas

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en su visita a las nuevas instalaciones ganaderas y la zona de industria agroalimentaria del Centro Integrado de FP La Granja de Heras (Medio Cudeyo). Sáenz de Buruaga ha estado acompañada por el consejero de Educación, Sergio Silva, que el 13 de diciembre reclamará en una conferencia sectorial la moratoria de la norma del Ministerio de Inclusión que establece la cotización obligatoria a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas. A la espera de que prospere esa petición, que según Silva comparten al menos trece comunidades autónomas, el Ejecutivo cántabro recogerá en su presupuesto del año que viene una partida de 250.000 euros para afrontar el gasto en cotizaciones de los cerca de 9.000 alumnos que se pueden ver afectados por la medida en la región.

La presidenta considera que esta norma «llega en el peor momento: desincentivando a empresas e instituciones», «poniendo incluso en peligro el sistema de formación, que puede llegar a colapsar, y provocando inseguridad jurídica, desigualdad y exclusión de alumnos». «No vamos a permitir que sean las empresas y los centros quienes tengan que cargar con una nueva exigencia que, en lugar de un estímulo, es una carga y que, en lugar de un incentivo, puede llegar a convertirse en un freno», ha advertido Sáenz de Buruaga, quien pide al Gobierno de España que «no ponga palos en las ruedas».

El consejero de Educación ha asegurado que esta medida abre «un escenario de muchas incertidumbres de gestión».

Una estabulación equina en La Granja

La presidenta de Cantabria y el consejero de Educación han recorrido, junto al director de La Granja, Carlos Micó, los cerca de 1.600 metros cuadrados del nuevo establo para vacuno de leche del centro, que está «totalmente automatizado» para «modernizar» las enseñanzas de los ciclos de producción agropecuaria y agroecológica.

El Gobierno ha destinado 2,5 millones de euros a las obras y el equipamiento de este establo y de la zona de industria agroalimentaria, dotada con tres aulas digitalizadas, aseos, vestuarios, un área de lácteos para la elaboración de quesos, mantequilla y yogures, y una planta piloto de elaboración de productos cárnicos. «Coloca a La Granja en un lugar privilegiado para afrontar los retos del sector», ha afirmado la presidenta. Además, la jefa del Ejecutivo ha anunciado que a principios de 2024 se licitará la construcción de una estabulación para ganado equino con una inversión de 113.000 euros, que se sumará a la pista de entrenamiento y los boxes de los que ya dispone el centro, que destinará así «casi una hectárea» a este tipo de enseñanza.

El CIFP La Granja, uno de los 50 centros de excelencia del país, fue el primero de España que implantó la titulación de técnicos en actividades ecuestres.

Comisiones Obreras ha denunciado que «la mala gestión y ejecución» de la Consejería de Educación de los fondos europeos «ha dejado escapar» casi tres millones de euros que debían ir destinados a la instalación de ordenadores en 3.233 aulas digitales de 266 centros educativos públicos de la región, y ha rechazado que se usen argumentos pedagógicos para «tapar negligencias administrativas». Así se desprende del análisis realizado por el sindicato que, tras solicitar toda la documentación sobre la licitación de equipos de apoyo para aulas digitales al Portal de Transparencia, ha detectado que la Consejería de Educación desistió de la licitación de 2,8 millones de euros destinados a equipar aulas digitales el pasado mes de octubre, a pesar de que el proceso comenzó el pasado mes de marzo y su trámite avanzó durante el mes de agosto, hasta llegar a la propuesta de adjudicación, según explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, en un comunicado.

Sánchez ha vinculado este procedimiento, la licitación para adquirir equipamiento informático para centros educativos a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional React-EU, «con el desvío de pizarras digitales a centros concertados» que se ha conocido recientemente, porque «en paralelo a esta decisión de desviar fondos de la pública a la privada, la Consejería ha desistido de la compra de estos equipos informáticos, fundamentales para el funcionamiento de las pizarras». «No queremos que se usen argumentos pedagógicos para tapar estas decisiones que responden a otros motivos en pro de las empresas privadas», ha dicho la responsable de Educación de CCOO, que ha criticado que «hay docentes que no pueden hacer su trabajo porque, mientras Educación les exige competencias digitales y han empleado su tiempo y esfuerzo en formarse, no tienen los medios necesarios para ello».

La Federación de Enseñanza ha exigido «transparencia e información respecto del grado de ejecución de todos los proyectos ligados a los fondos europeos». Sánchez ha emplazado a Educación «a comprar los 3.233 equipos informáticos para las aulas y no privar al alumnado de la enseñanza pública de medios digitales».