El "blindaje" de consultorios y escuelas rurales avanza en su tramitación entre críticas
En la votación sobre este trámite han accedido el grupo proponente (PP) junto a Vox, UPL, Soria Ya y Por Ávila, hasta sumar 50 votos; mientras que el PSOE se ha abstenido (28) y han votado en contra los procuradores del Grupo Mixto Francisco Igea (exCs) y Pablo Fernández (Unidas Podemos). Tras la lectura ante el pleno de las Cortes del informe favorable de la Junta de Castilla y León para la tramitación de esta proposición de ley, el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto ha defendido esta iniciativa, que ve como la plasmación del «cumplimiento de la palabra dada» por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «Ni miente ni cambia de opinión como Sánchez, Mañueco cumple», ha resumido en referencia a la promesa electoral del dirigente del PP respecto al «blindaje» de estos servicios esenciales, para que «todos los paisanos puedan permanecer en su casa» sin que la prestación de esos servicios esenciales se puedan menguar por alguna «decisión caprichosa» de algún político en el futuro, ha detallado García Nieto.
El parlamentario del PP ha defendido que los consultorios sanitarios rurales «nunca se han cerrado»: «Están abiertos y así van a seguir», ha proclamado para matizar después de que la propia norma establece una serie de requisitos para seguir activos y mantienen los límites poblacionales para la frecuentación por parte de los profesionales sanitarios, con una progresiva y menor presencia en los municipios de menor población. En materia de educación, García Nieto ha defendido el «esfuerzo descomunal» que realiza la Junta para mantener abiertos los colegios rurales que tengan al menos tres alumnos, mientras que en servicios sociales ha garantizado que se asegura al menos el nivel actual de prestaciones.
Esta posición ha sido defendida también por el procurador de Vox Iñaki Sicilia, convencido de que estos servicios esenciales «están garantizados» en Castilla y León, en consonancia con la necesidad de que sean prestados en condiciones de «igualdad y calidad» en el resto de España, aunque ha defendido una mayor inversión que llegaría de la vía de la reducción del «gasto político innecesario».
Críticas de la oposición
El procurador socialista Diego Moreno ha tachado el texto de «pura propaganda» y de «brindis al sol», porque tras su aprobación «al día siguiente nada cambiará»: «No verá mejorado ni uno solo de los servicios que ahora escatiman», ha resumido. «Donde ahora hay un consultorio sin médico ni enfermera seguirá habiendo un consultorio sin médico ni enfermera», ha agregado el procurador socialista, convencido de que es necesario un incremento de la inversión en estas materias.
Por su parte, el representante del Grupo UPL-Soria Ya Ángel Ceña ha calificado también el texto legislativo de «propaganda», que tienen «un solo objetivo» que en su opinión es la de «sacar varias notas de prensa para mayor loa» del presidente de la Junta.
El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha vinculado la elaboración de esta normativa con los argumentos utilizados por Mañueco para romper el Gobierno con Cs en la anterior legislatura, por lo que ha afirmado que tiene origen en una «mentira» del presidente. Sobre el contenido, Igea ha asegurado que se trata del «paradigma del conservadurismo» y supone una «estafa monumental» porque «no aporta nada, ni una garantía más», y carece de «régimen sancionador», por lo que los ciudadanos no van a poder reclamar.
En el caso del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha catalogado el texto como una «filfa» y ha ironizado con la posibilidad de que el PP quiera blindar estos servicios de sí mismo, por lo que ha afirmado que se trata de una «tomadura de pelo y un engaño»: «En un consultorio si no hay médicos y enfermeras, el consultorio no sirve de nada, de facto están cerrados», ha resumido.