La Asamblea Regional de Murcia pide una EBAU con criterios “más uniformes” entre comunidades
La moción, presentada por el grupo parlamentario Popular, ha explicado que el modelo planteado por el Ministerio de Educación tras la Lomloe “aún añade mucha más incertidumbre”, ya que la prueba de madurez competencial que quiere implantar es “subjetiva y disminuye exigencia en cuanto al contenido”, según el diputado del PP, Carlos Albadalejo. En su opinión, “no es serio que cada comunidad autónoma pueda poner un nivel de exigencia, un temario y un número de preguntas diferentes para acceder a la Universidad”, al tiempo que ha cifrado en cerca de 300.000 los estudiantes que se enfrentan cada año “a una prueba que, por su configuración, es injusta”, ha señalado el diputado.
Además, ha alertado de que la EBAU “genera una grave distorsión del sistema al romper criterios tan fundamentales como la equidad y la eficiencia, frente a las ventajas que otorgaría una única prueba o con criterios lo más unificados posibles; y que ya de paso, podría servir de análisis del sistema educativo”. Por ello, Albadalejo ha pedido “el máximo consenso por parte de las comunidades autónomas, las universidades y la comunidad educativa, que si no se ha producido es por la improvisación y falta de voluntad real de colaboración del Ministerio de Educación”.
A su vez, la Comisión de Educación de la Asamblea Regional ha respaldado por unanimidad otra moción del PP sobre la alfabetización digital en el ámbito rural, que solicita programar acciones para adquirir las competencias básicas digitales que posibiliten el acceso a los servicios que prestan tanto la Administración regional como el sector empresarial. Todo ello, en coordinación con las administraciones locales y empresas del sector privado, ha expuesto el diputado popular Víctor Martínez-Carrasco, que ha lamentado que “quien dispone de competencias básicas digitales y a su vez tiene acceso a un dispositivo tecnológico, puede realizar cualquier gestión”, pero quien no dispone de esas destrezas “deberá desplazarse o depender de otras personas para, en el mejor de los casos, resolver en una mañana lo que otros realizan en pocos minutos”.
Martínez-Carrasco ha apuntado que son los municipios con gran población de personas mayores reclaman estos servicios, ya que “sufren la dificultad del desplazamiento para la realizar gestiones que podrían hacerse por vía telemática” y que, aun disponiendo de internet, “el desconocimiento en el manejo de plataformas supone un muro”.