Más de 31.000 personas piden que se anule la norma de las aulas para alumnos con autismo
En la iniciativa, promovida por una madre, solicitan la actuación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para defender el derecho a la educación de las personas con discapacidad en edad escolar a las que les afecta de manera directa esta resolución publicada el 20 de octubre de 2023. En el texto, impulsado por personas con autismo, familias, docentes, terapeutas y ciudadanos, sostienen que «la resolución no atiende adecuadamente a las necesidades de los alumnos con autismo y promueve prácticas contrarias a la inclusión y a la atención a la diversidad, lo cual va en contra de los principios de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad».
Desde su punto de vista, las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, han debilitado el acceso a las aulas TEA, que solían tener un máximo de cinco niños atendidos por dos profesionales, mientras que ahora el número de alumnos se ha incrementado a siete, sin aumentar la cantidad de profesionales para atenderlos. «Aunque esto podría parecer una mejora para algunos, no lo es, ya que los profesionales no pueden brindar una atención efectiva a tantos alumnos sin una planificación individualizada», explican.
Por otro lado, acusan a la Comisión Técnica Interterritorial de denegar «de forma arbitraria y sin dar explicaciones» la entrada de niños a las aulas TEA, donde se encuentran los apoyos especializados que necesitan, a pesar de tener informes favorables de especialistas que han trabajado directamente con el alumno. Al reducir recursos y aumentar la ratio en las aulas TEA, a su juicio, la resolución va en contra de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el derecho a la educación, sin discriminación y con un acceso en igualdad de condiciones. *Por esta Convención, la Comunidad de Madrid debe facilitar las medidas de apoyo necesarias, personalizadas y efectivas, en entornos que fomenten al máximo un desarrollo académico y social.
La promotora de la petición, Miriam Martín-Muñoz, ha explicado que el movimiento en defensa del alumnado TEA surgió por «la indignación» ante la resolución 254 en la que se dictan instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos del espectro autista. El pasado 10 de noviembre, Martín-Muñoz, junto a representantes de Confapa, mantuvo una reunión con el viceconsejero de Política Educativa, José Ignacio Martín-Blasco, y la directora general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Eva Borrego, donde pidió que se paralice la resolución y reclamó una regulación que tenga en cuenta a los alumnos y a los profesionales.
Al menos 132 personas y asociaciones presentaron recursos de alzada por Registro contra la resolución de la Comunidad de Madrid, según Martín-Muñoz.