El Govern balear prevé convocar oposiciones docentes para 321 plazas en febrero
El Consell de Govern ha aprobado una oferta pública de ocupación para personal funcionario de cuerpos docentes no universitarios, con 366 plazas de docentes, de las que 321 se cubrirán mediante oposiciones que se convocarán previsiblemente en febrero, ha dicho Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern. Lo aprobado son 173 plazas de los cuerpos de maestros y 130 de profesores de enseñanza secundaria. Además, hay plazas de inspectores de educación (5), de profesores de escuelas oficiales de idiomas (8), de profesores de música y artes escénicas (25), de profesores de artes plásticas y diseño (2), de maestros de taller de artes plásticas y diseño (1) y de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional (22).
Esta convocatoria ya se debatió en la Mesa Sectorial de Educación que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en la cual se aprobó por unanimidad de los sindicatos.
Por otro lado, el STEI Intersindical ha acusado al PP y a Vox de querer convertir a los profesionales del Departamento de Inspección educativa en «comisarios políticos», tras la aprobación de una enmienda parcial a los presupuestos de la comunidad para 2024 que pretende que «vigilen» a los docentes. El PP ha apoyado una enmienda de Vox a los presupuestos que pide reforzar la plantilla de inspección “para preservar la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas ”, con un importe de 200.000 euros, ha explicado el sindicato en un comunicado en el que tilda de «inadmisible que el PP ceda a este nuevo chantaje de Vox».
El STEI-i considera que Vox está «obsesionado por acusar al profesorado de adoctrinar en las aulas», y critica que se destine ese dinero «a una tarea del todo innecesaria, cuando hay tantas carencias a cubrir dentro del sistema educativo de las Islas Baleares». También rechaza «que pongan una vez más a los docentes bajo sospecha» y se limite su libertad a la hora de desempeñar su trabajo.
Según el STEI-i. «no se puede permitir que se estropee con esta medida la labor del Departamento de Inspección Educativa, a quien según la normativa vigente se encomienda el asesoramiento, la supervisión, la evaluación y el control de los centros docentes de enseñanza no universitaria, de los servicios y de los programas educativos, pero en ningún caso vigilar y censurar la praxis docente del profesorado». En un momento de incertidumbre debido a la implantación de la Lomloe y sus criterios de evaluación, el sindicato considera que los inspectores deben ayudar y orientar al profesorado, «no hacer de comisarios políticos del gobierno de turno».
El STEI Intersindical relaciona esta propuesta con el llamado pin parental, pactado también entre PP y Vox, y «los delirios de la extrema derecha para imponer su ideología reaccionaria en las aulas, libre de cualquier atisbo de pensamiento crítico y respeto por la diversidad». Ante estas decisiones políticas, el sindicato pone sus servicios jurídicos al servicio del profesorado y hace un llamamiento en defensa «de la buena labor de los docentes, de su compromiso y de su integridad».