España ha ampliado el acceso de la educación no obligatoria, "en detrimento de la calidad"
En un estudio que publica hoy lunes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Gomendio analiza la situación actual del sistema educativo español y su evolución histórica, diagnostica sus debilidades y hace una valoración crítica de algunas reformas acometidas en las últimas décadas. Recuerda la secretaria de Estado de Educación entre 2012 y 2015 que España ha sufrido tradicionalmente «un claro retraso educativo con respecto a la mayor parte de los países avanzados que sólo se ha ido cerrando a partir de 1990».
Durante este último período de rápida convergencia en años medios de escolarización, la política educativa española «no siempre ha perseguido, en opinión de la autora, los objetivos correctos». En particular, «se ha concentrado en incrementar las tasas de acceso a los niveles educativos no obligatorios y en reducir las tasas aparentes de fracaso escolar, en detrimento de la mejora de la calidad del sistema», subraya. «Esta opción se ha traducido en el mantenimiento de niveles elevados de inversión en nuevas plazas universitarias y preescolares y de gasto en la reducción del número de alumnos por profesor, acompañado de la renuncia a establecer evaluaciones estandarizadas a nivel nacional y de una gradual reducción de los niveles de exigencia». Unido a ello «tampoco se ha prestado la atención suficiente a la calidad del profesorado, descuidando sus procesos de selección y formación».
Por ello, añade, no es sorprendente que los resultados de los estudiantes españoles en las evaluaciones internacionales se mantengan generalmente estancados por debajo de la media, que los niveles de competencias de los graduados universitarios sean comparables a los del alumnado de secundaria de los países más avanzados en este ámbito, o que no se detecten mejoras relevantes de desempeño en las cohortes más jóvenes pese a su creciente número de años de escolarización.
Gomendio rechaza la interpretación de que España ha sacrificado la calidad por la equidad en materia educativa y añade que la nivelación de los resultados a la baja «no sirve a los intereses de ningún segmento de la población y que el sistema presenta un problema persistente de elevado abandono educativo temprano que perjudica en especial a los grupos más vulnerables». En su opinión, este problema tiene mucho que ver con algunos aspectos de la LOGSE, la primera ley de reforma educativa de la democracia. «Copiando a destiempo lo hecho por otros países con sistemas más maduros y alumnados más homogéneos, en esta norma se optó por elevar de 14 a 16 años la edad mínima de salida del sistema escolar a la vez que se eliminaba la posibilidad de optar por la Formación Profesional antes de esta última edad y se cegaba el paso del primer al segundo ciclo de FP».
El antiguo primer ciclo de FP, que absorbía en torno al 30% del alumnado, desapareció, dejando como única opción dos años adicionales de formación académica antes de poder optar a un nuevo primer ciclo de FP que, además, no permitía el acceso a los ciclos superiores o a la universidad. En consecuencia, «una parte importante de los estudiantes peor preparados optaron por abandonar el sistema sin un título tras repetir varios años de secundaria». Esta situación ha generado un «agujero en los niveles medios de formación, dejándonos con una atípica distribución de la población por niveles educativos caracterizada por un peso muy elevado de ambas colas en detrimento de la formación profesional y del segmento intermedio que domina» en la mayoría de países vecinos.
