Los rectores calculan que aplicar la LOSU tendrá un coste directo de 844 millones
El pleno de la Asamblea General de CRUE se reunió el pasado 7 de septiembre para abordar la implementación de la LOSU.
Son resultados del informe Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado hoy por sus autores y la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, que reclama que sea la Administración General del Estado la que desembolse la inyección presupuestaria necesaria para poder aplicar dicha norma, que entró en vigor en 2022. El objetivo del trabajo de Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez (Universitat Politécnica de València) es cuantificar el impacto de la ley en la financiación pública universitaria y, entre sus conclusiones, considera que la norma es «inaplicable» si no hay una suficiente dotación económica.
Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, ha explicado que tras aprobarse la ley, que «reconoce la infrafinanciación» de la Universidad, hay que articular cómo se aplica: «Es el mayor reto que tenemos ahora, la LOSU se tiene que desarrollar en todos los campus y aun no sabemos como se va a hacer». También ha destacado que la CRUE está trabajando con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y hoy mismo han pedido una reunión con su titular, Diana Morant, «para ver cómo podemos avanzar».
En el informe se plantea que alcanzar el objetivo del 1% del PIB de aquí a 2030 implica una inyección adicional de más de 3.100 millones, y recuerda que actualmente casi ocho de cada diez euros del gasto universitario es aportado por las comunidades autónomas. CRUE entiende que no solo son los gobiernos regionales los que deben asumir el impacto de la reforma sino el Gobierno central y sostiene que para ello no hay ninguna «restricción competencial». Y recuerda que la transferencia de competencias de la educación universitaria se produjo entre 1985 (Cataluña) y 1996 (Baleares), aplicando el principio del ‘coste efectivo’ -gasto universitario del Estado en cada territorio en el momento de cada traspaso-, con diferencias de más de setenta puntos porcentuales entre territorios. En este sentido, considera «evidente» que cuando el Estado gestionaba las competencias universitarias no aplicaba a la provisión de este servicio un principio de equidad -asignar los recursos por igual, con independencia del territorio de residencia-.
Entre 1996 y 2020, las comunidades pasaron de una inversión del 0,36% a un 0,68% del PIB en gasto universitario, pero el gasto por estudiante sigue presentando diferencias de 57 puntos porcentuales entre regiones, han explicado Pérez y Hernández. En muchos casos, el gasto en porcentaje del PIB es de mayor intensidad en territorios con una menor renta per cápita, lo que significa que, para ofrecer servicios universitarios equivalentes, estas autonomías se ven forzadas a invertir más de su renta disponible.
Según Pérez, si hay que aplicar la financiación universitaria que «también se aplique la equidad. No se puede tomar como referencia el 1% del PIB de cada comunidad autónoma sino la financiación equitativa de todos los estudiantes del país, por tanto no es una competencia exclusiva de las comunidades. Es imprescindible que el Gobierno lo tome en cuenta, son diferencias sustantivas». «Esta mejora de la equidad –ha afirmado Pérez– puede costar al Gobierno unos 1.300 millones y querríamos que el Estado arrastre a las comunidades y aporten lo que falta, por ejemplo Andalucía ha hecho un gran esfuerzo y casi roza el 1 % de su PIB por lo que el Estado lo que no puede hacer es castigarla».
Los autores del trabajo han subrayado asimismo que la política de becas y ayudas al estudio es «muy insuficiente» y el país sigue alejado de la media de los países vecinos. Según ellos, las becas y ayudas suponen hoy el 0,10% del PIB español, mientras que en el UE 27 se eleva al 0,21%. «Un desequilibrio claro que significa que la igualdad de oportunidades no está satisfecha en España. Tendría que mejorar al menos en 900 millones» extra.
En materia de personal docente e investigador, la aplicación de las disposiciones de la nueva ley supone un coste directo extra para las universidades públicas de 844 millones, y que la Crue defiende deben ser financiados por los Presupuestos Generales del Estado.
El Personal Docente e Investigador
La LOSU limita el impacto presupuestario a dos objetivos relacionados con el Personal Docente e Investigador: tasas de reposición de las plantillas del 120% y adecuación al objetivo de reducción de la temporalidad hasta el 8 %. Según la ley, en 2024-25, las universidades públicas deberán hacer frente a los costes de las limitaciones horarias de los docentes de asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe de 225 millones. Asimismo, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla para 2030 supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones. Además, la reposición anual de efectivos por jubilación del 120% lleva aparejado un coste extra de 195 millones por el pago de la Seguridad Social, que, hasta ahora lo asumía el Estado, ya que los jubilados cotizaban a Muface, ha destacado Pérez.