Acade: “Solamente los centros de Educación Infantil ofrecen plenas garantías a las familias”

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) ha emitido un comunicado en relación con la sentencia del Tribunal Supremo 7/2024, dictada el día 8 de enero de 2024, que extiende la deducción por maternidad en el  IRPF a los gastos de custodia de menores en guarderías. Dentro del mismo, la asociación plantea:

Desde el respeto y acatamiento de lo dictado por el Alto Tribunal, Acade considera que “son los centros de Educación Infantil los únicos que pueden ofrecer a las familias garantías absolutas en el cuidado y educación de sus hijos menores, frente a otros tipos de centros, como ludotecas, ‘madres de día’ o incluso meros parques infantiles, que por no reunir de los requisitos exigibles carecen de autorización como centros educativos.”

La patronal recuerda que así lo venían estableciendo  las sucesivas leyes educativas, solo que a partir de la reforma llevada a cabo en 2020 (Lomloe), ya impone con rotundidad que “los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar a niños con edades entre 0 y 6 años deberán ser autorizados por las administraciones educativas como centros de Educación Infantil”.

Acade subraya que los centros de Educación Infantil privados deben cumplir unos requisitos muy estrictos para obtener dicha autorización administrativa, que contemplan todos los aspectos del funcionamiento del centro, desde el número de docentes por alumno, pasando por exigencias mínimas de titulación específica, medidas de higiene y seguridad, y un largo etcétera de requerimientos. “Las escuelas infantiles privadas 0-3 deben cumplir toda esa normativa, lo que les supone unos costes muy elevados. Pero gracias a las garantías que ofrecen, los centros privados son los elegidos por el 47 % de las familias que tienen hijos escolarizados en esa edad, lo que representó un colectivo de unos 220.000 alumnos para el curso 2022-23”.

Según Acade, las casi 5.000 escuelas infantiles privadas 0-3 dan empleo, directo o indirecto, a más de 40.000 trabajadores altamente cualificados, en un 90% mujeres. Además, cconsidera que el problema radica en que las administraciones llevan más de 30 años haciendo un uso inadecuado del término “guardería”, pues los centros que atienden regularmente a niños y niñas de 0-3 años, deberían ser centros educativos autorizados por la administración educativa competente.

Para resolver la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo, Acade considera que el Gobierno debería modificar la Ley  del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su Reglamento de desarrollo, eliminando el término “guardería”, cuando en realidad se está refiriendo exclusivamente a los centros educativos autorizados, que son los únicos que pueden impartir la Educación Infantil con todas las garantías y protección a la infancia que otorgan las leyes educativas a esta etapa.