La Ceapa está en contra de la idea del Gobierno de limitar el móvil en el aula

A juicio de la Confederación, que representa a más de 12.000 AMPA de la escuela pública, “es necesario invertir en educar en el uso del dispositivo antes que prohibir”. Por eso aboga por formar a las familias, el profesorado y el alumnado en el correcto uso del móvil y los peligros que conlleva, como la pérdida de concentración, la adicción, el ciberacoso o el acceso a contenidos inadecuados.

Ceapa pide no “criminalizar” el uso de dispositivos y, en cambio, generar un debate “desde la serenidad y la sensatez” para valorar los efectos positivos que tiene la tecnología “siempre que hagamos buen uso de ella”, señala la vicepresidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal. La Confederación insta a regular el uso del móvil en los centros de manera que, si es necesario un dispositivo para realizar tareas pedagógicas, sea el propio colegio o instituto «el que lo aporte, no el alumnado, pues genera desigualdad al haber alumnos y alumnas sin móvil, tablet o internet”.

En cuanto al acceso a contenido pornográfico, la confederación pide que se regule “con compromiso y seriedad” y que los requisitos para abrir cuentas en redes incluyan sistemas de verificación de edad fehacientes que impidan a los menores acceder a este tipo de publicaciones. “Esperamos que se abra un debate serio y calmado con toda la comunidad educativa, en el que, por supuesto, se cuente con la opinión de las familias, porque somos una parte importante para que nuestros hijos e hijas hagan un uso adecuado de los dispositivos tecnológicos”, concluye.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a la ministra de Educación, Pilar Alegría, mejorar la coordinación con las autonomías para avanzar en el tema de la salud emocional del alumnado y en la regulación del uso de los móviles en los centros educativos. Durante una rueda de prensa, tras reunirse en el Ministerio de Educación con su titular, Mañueco ha agradecido «la receptividad» mostrada por Alegría que, ha añadido, «espero que se traduzca en hechos y no se quede en una conversación».

Acompañado por su consejera de Educación, Rocío Lucas, Mañueco ha explicado que ha trasladado a Alegría sus propuestas para mejorar el sistema educativo del país, ya que Castilla y León es una de las regiones con mejores resultados obtenidos en el último informe PISA y le ha sugerido exportar su modelo al resto del país. En esta evaluación internacional de conocimientos y habilidades a casi 700.000 estudiantes de 81 países, publicada el pasado 3 de diciembre, «somos referentes y queremos seguir mejorando y ayudando a la nación», ha señalado Mañueco que el pasado 26 de noviembre envió una carta a todos los ministros para pedirles una reunión y así poder trasladarles sus peticiones. El informe PISA, ha continuado, refleja «un empobrecimiento general» en el ámbito educativo, por tanto su mejora «tiene que ser una prioridad para el Gobierno de España», al tiempo que ha pedido abrir un debate a nivel nacional para reflexionar sobre las mejoras necesarias.

Por otro lado, ha recordado que hay una «diferencia insalvable» con el Gobierno central acerca de la prueba de acceso a la Universidad, ya que este se opone a la pretensión de todas las comunidades del PP de celebrar una EBAU única, es decir, que sea igual en todo el territorio nacional. En opinión del presidente de la Junta de Castilla y León, una EBAU única es «técnicamente posible» y es «más justa» y garantiza la igualdad de oportunidades del alumnado.

Sobre la seguridad del entorno escolar, el acoso y la salud emocional de los estudiantes, Mañueco ha propuesto a Pilar Alegría que se mejore la coordinación interna del propio Gobierno y que se intensifique la relación del Ejecutivo con las comunidades autónomas.

En este contexto, ha explicado que Castilla y León tiene en los centros educativos un orientador por cada 250 alumnos, tras incrementarse su número en un 50 por ciento, una de las tasas más altas del país que además cumple con la recomendación de la Unesco. Asimismo, ha recordado que en su comunidad autónoma los móviles en los centros educativos están prohibidos desde 2007, salvo que el profesor lo prescriba por razones pedagógicas.

En la próxima reunión convocada por el Ministerio de Educación con las comunidades para debatir sobre el uso del móvil, Castilla y León mantendrá la postura de que en todos los centros quede prohibido su empleo, «desde la entrada a la salida», a excepción de la referida salvedad. También ha pedido que se mantenga en el tiempo la actual bonificación del Gobierno en la cotización del alumnado de Formación Profesional en prácticas y una flexibilización de los currículum en estas enseñanzas.

Durante el último trienio (2020-23) el Ministerio de Educación destinó en Castilla y León más de 825 millones de euros de los cuales 140 lo fueron en forma de becas que han beneficiado a 43.855 estudiantes de esta comunidad autónoma, casi 4.000 más que durante el curso 2017-18. Más de 38,4 millones sirvieron para la creación de 3.765 plazas de 0 a 3 años, y 260 millones para transformar la FP y adecuarla a las demandas del tejido productivo.