Morant crea una comisión de trabajo para acompañar a las comunidades en la aplicación de la LOSU
La ministra Diana Morant Morant en la primera reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.
Así lo ha dicho Morant, después de presidir la primera Conferencia General de Política Universitaria, en una rueda de prensa en la que ha detallado que será una comisión de trabajo –formada por el Ministerio, las comunidades, la CRUE, y los sindicatos– la que analice cómo se puede conseguir la financiación del 1% del PIB que establece la ley para el 2030, y qué montante es necesario para llegar a esa cifra. La primera reunión de esta comisión se celebrará la semana que viene para abordar la posibilidad de hacer una calendarización para la puesta en marcha de la LOSU.
«Vamos a cambiar el sistema universitario de una vez por todas, pero no todo de una», ha resaltado Morant, al explicar que la premura de la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario –aprobada por el Congreso el pasado marzo– preocupa en las comunidades y en las universidades, que no cuentan con un sistema de financiación suficiente. Por ello, ha insistido en que el Ministerio se ha comprometido con las comunidades a ofrecer una fórmula de acompañamiento financiero para la aplicación de la ley, aunque, ha destacado que «las competencias financieras son de las comunidades».
En este sentido, ha pedido a las autonomías un ejercicio de corresponsabilidad con sus propios presupuestos: «En los últimos cinco años algunas comunidades han aumentado la financiación en torno a un 40% y otras se han quedado en un 5%». A juicio de Morant, la LOSU «viene a reparar la época de recortes y a acompañar con una carrera más estable y digna a los docentes», con el objetivo de lograr mayor internacionalización de sistema, así como a mejorar el acceso de los alumnos, y a crear un espacio de retención de talento.
La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, Eva Alcón, ha urgido al Gobierno a acordar cuanto antes una «financiación real» para aplicar la última reforma universitaria, de lo contrario no se podrá desplegar. La petición llega un día después de que la ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Diana Morant, anunciara la creación de un grupo de trabajo con rectores, sindicatos y autonomías para desarrollar la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitaria (LOSU), aprobada hace casi un año en el Parlamento.
La norma recoge que en 2030 la financiación destinada a las universidades deberá alcanzar un 1%, frente al actual 0,7%, uno de los aspectos más controvertidos dado que las comunidades de todos los signos políticos pusieron objeciones a esta obligación presupuestaria pues son las que más aportan al sistema (ocho de cada diez euros). En un comunicado, la Conferencia de Rectores afirma que es «un buen punto de partida» el llamamiento al diálogo con las comunidades y las universidades, pero subraya la urgencia de acordar cuanto antes «la financiación real con la que contarán para el curso 2024-2025 puesto que las universidades ya están definiendo la organización del próximo año, incluidas las necesidades de plantilla del personal docente e investigador de acuerdo a las directrices de la LOSU».
Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, opina que buscar el diálogo siempre es positivo, pero debe plasmarse «cuanto antes en un acuerdo, porque sin financiación no se va a poder aplicar la LOSU». Por ello, reclama al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como a las comunidades autónomas, voluntad para fijar, sin más dilación, la distribución de las aportaciones financieras y el calendario de las mismas, teniendo en cuenta las necesidades de recursos a corto plazo para el curso 2024-25.
