Rectores acusan a empresas y administraciones de eludir la cotización del alumnado en prácticas

Pese a que la nueva normativa «atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas», afirma en un comunicado. En el caso de las empresas, añade, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa, al tiempo que tacha de «sorprendente» que los ministerios impulsores de esta regulación y muchos organismos autonómicos «hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones», bonificadas al 95% por el Gobierno.

«Cabe poner como ejemplo lo sucedido con los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros, que se han dirigido por escrito a las universidades para solicitar el cambio de los convenios regulatorios para que sean las instituciones universitarias las que asumamos toda la gestión y pago dentro del nuevo sistema». En el caso de las comunidades autónomas solo «algunas» han asumido el coste, pero en ningún caso la gestión.

Las universidades se han reunido con los responsables provinciales y nacionales de la Tesorería de la Seguridad Social con el objeto de aclarar el procedimiento técnico para aplicar la medida, dada «la enorme dimensión y heterogeneidad del colectivo estudiantil». Algunas cuestiones han sido solucionadas, pero «aún quedan por resolver otras muchas que afectan, por ejemplo, a cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de Muface».

Además, las universidades agrupadas en la CRUE dicen sentirse «agraviadas», en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas del alumnado de FP, sin dar el mismo tratamiento al universitario, «lo cual establece un evidente principio de discriminación». En este último caso, la Seguridad Social bonifica el 95% de la cotización y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el 5% restante en 2024.

En el comunicado de prensa, la CRUE también denuncia «el alto grado de improvisación y confusión con el que esta medida se está implementando» y añade que en todo este proceso las universidades no han sido consultadas ni informadas por «los cauces normales de una relación leal entre instituciones». Expresa, por otro lado, su preocupación por las informaciones «inexactas» que se están difundiendo, en las que el estudiantado en prácticas resulta erróneamente identificado como becario; en las que se confunden las prácticas curriculares con las extracurriculares, aun siendo estas de muy distinta naturaleza, o en las que se habla de situaciones como el encadenamiento de prácticas que no tiene cabida en la implementación de un plan de estudios.

Concluye que las universidades han asumido el coste de estas cotizaciones (9 millones anuales siempre que se mantenga la bonificación) y el esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas, lo que ha obligado a «incrementar las plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, y a adquirir plataformas digitales».