La Junta ve inviable ofrecer transporte escolar a alumnos de Educación Infantil
La consejera Rocío Lucas en las Cortes.
«Algo se podrá hacer, vamos a intentarlo…», ha reclamado ante el pleno de las Cortes de Castilla y León la procuradora de Soria Ya, Leila Vanesa García, quien ha preguntado a la consejera por esta situación denunciada por una pareja soriana de la zona de Campo de Gomara que necesita este servicio para conciliar su vida personal y laboral y se ha topado con la negativa de la Junta. La consejera ha argumentado que actualmente «no existen vehículos que puedan ofrecer ese servicio», al señalar que requieren de tres puntos de anclaje para fijar los asientos alzadores que son necesarios para garantizar la seguridad en el transporte, que actualmente utilizan unos 36.000 alumnos de la Comunidad cada día.
Sin embargo, la procuradora de Soria Ya ha negado que la normativa actual sea un obstáculo para que la Consejería de Educación realice un cambio que permita ofrecer este nuevo servicio, que en su opinión se presta de forma diferente en el medio urbano y en el rural, donde hay menos posibilidades para las familias. La representante de Soria Ya ha remarcado que la normativa general habla únicamente de que los menores que no superen los 1,35 metros de altura deberán viajar con sistemas de retención infantil homologados, lo que incluye a los alumnos de Educación Infantil por no establecer un mínimo de talla.
Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado este miércoles en el pleno de las Cortes una iniciativa del PSOE para que antes del 15 de febrero la Junta pague a los centros educativos no universitarios las cantidades pendientes de ser abonadas en 2023, una medida que sí han apoyado el resto de grupos de la oposición, aunque sin la mayoría para que saliera adelante. Los dos grupos han justificado el rechazo a la medida en que los fondos liberados para el gasto corriente se han ajustado a las necesidades de colegios e institutos y no existen facturas pendientes, aunque las direcciones de algunos centros en varias provincias se han quejado de que no pueden pagar los suministros.
El procurador del PSOE por Salamanca Fernando Pablos ha afeado al el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que haya presumido de superávit en la comunidad cuando «no ha pagado una parte de los gastos escolares de los centros de Castilla y León». Pablos también ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera de Educación, Rocío Lucas, saquen pecho de los resultados educativos, pero, en su opinión, se demuestra que «el mérito es de la comunidad educativa y poco de la Junta». El parlamentario ha justificado su propuesta en siete noticias publicadas por medios locales y regionales en las que se advertía de «impagos», «recortes» y «reajustes» en los pagos a centros educativos en Burgos, Valladolid, León, Soria o Ávila.
El portavoz de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha apoyado esta propuesta y ha incidido en que «no es razonable tener a los centros esperando», lo que genera una situación de «incertidumbre» y de «perjuicio evidente», por lo que ha pedido terminar con estas demoras en los pagos «de manera tajante». Del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha calificado esta cuestión como «meramente ideológica» y ha calificado como «intolerable» la apuesta de la Junta por educación privada en detrimento de la pública, ya que no pagan «lo que corresponde». Su compañero, Francisco Igea (exCs), ha reprochado que Mañueco se atribuya «personalmente el éxito de Castilla y León» en el informe PISA y ha ironizado con que esta propuesta obliga a la Junta a cumplir la ley.
«Bomba de humo»
Por su parte, los grupos parlamentarios que sustentan al ejecutivo autonómico, PP y Vox, han acusado al Partido Socialista de mentir con esta propuesta y de utilizarla para tapar sus errores en política nacional. «No pierdan el tiempo en estas memeces, porque de sobra saben que ningún instituto publico va a cerrar por mala gestión y no utilice cualquier bomba de humo con cualquiera de sus errores», ha reprochado la procuradora Ana Rosa Hernando (Vox). Hernando ha incidido en que «las cantidades liberadas han sido suficientes para atender las necesidades de los centros», que no existen deudas con proveedores y que, como recoge el decreto de gestión económica de los centros docentes no universitarios, éstos tienen autonomía y es su director el que máximo responsable de sus presupuestos.
La parlamentaria popular Carmen Sánchez ha criticado las a su juicio «críticas destructivas» del PSOE y ha explicado que estos colegios e institutos «deben ejecutar su presupuesto y no acumular dinero público año tras año», ya que los centros no universatarios han contado con un gasto docente de 32 millones de euros y de 50 millones para suministros en 2023. Sánchez ha apuntado que la Consejería de Educación hizo una previsión de los costes energéticos que se ajustaron al moderarse los precios de las energía y ha asegurado que ya se ha remitido un presupuesto para luz y gas para los próximos seis meses en las cuentas de 2024.
Por último, ha criticado que el proyecto educativo del Gobierno de España, la Lomloe, ya que «devalúa la educación de nuestro país» y ha reconocido el esfuerzo de la comunidad educativa de Castilla y León.