La Justicia tumba la mayoría cualificada para promocionar en Secundaria que imponía Madrid

Así lo estipulaban las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación en noviembre de 2021 (aprobadas por el Consejo de Gobierno regional en mayo siguiente), para contrarrestar los criterios de promoción en Secundaria, Bachillerato, FP y educación para adultos de la Lomloe o ‘ley Celáa’. La norma estatal autoriza a continuar sus estudios y a obtener el título a un alumno que haya obtenido mayoría de votos del equipo docente sin alcanzar mayorías cualificadas.

En una sentencia fechada el pasado diciembre, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, estima la impugnación solicitada por CCOO Madrid y descarta que las decisiones de promoción y titulación en la ESO deban adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios del equipo docente, y que las demás decisiones en la evaluación del alumnado de la ESO se tomen por mayoría absoluta. El tribunal anula asimismo que se pueda impedir la promoción, sin una evaluación individualizada, cuando el alumno tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en tres si dos de ellas son Lengua castellana y Matemáticas.

El TSJM también estima la impugnación de la mayoría cualificada de cuatro quintos para la titulación en Bachillerato, y que las demás decisiones de evaluación requieran mayoría absoluta; también que se pueda decidir, sin una evaluación individualizada, la titulación en Bachiller exclusivamente con todas las materias superadas, cuando la LOE-Lomloe permite titular con un suspenso si la nota media es mayor que 5.

El fallo, que CCOO califica de «varapalo» y tumba cinco de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación madrileña, es susceptible de recurso de casación. Según el sindicato, el Ejecutivo autonómico «hizo una adaptación de las novedades que introducía la Lomloe que suponían dinamitarla», por lo que insta al Gobierno regional a que «se conduzca por la vía de la lealtad institucional en lugar de continuar aplicando un oposicionismo absurdo al Gobierno de España que, además de ilegal, cercena derechos fundamentales como el de la educación».

Por su parte, la Consejería ha señalado que «la Comunidad de Madrid ya cumple con lo que estipula la sentencia. Los criterios de promoción y titulación se incorporaron en los respectivos decretos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aprobados en 2022».