Las educadoras infantiles municipales de Asturias conservarán derechos y categoría

Así lo ha asegurado la titular de este departamento en una rueda de prensa en la que ha presentado el anteproyecto de ley de la futura red de ‘Les Escuelines’ y que mañana saldrá a información pública. El proyecto, que contempla que las escuelas infantiles tendrán autonomía de funcionamiento, aborda tanto la apertura de las primeras escuelas autonómicas como la posterior integración de las municipales. Este proceso implicará la integración de su personal en la plantilla del Principado, que quedará adscrito a la escuela en la que ya esté trabajando.

Según ha explicado Espina, las técnicas de Educación Infantil conservarán sus derechos laborales y salariales, así como la categoría profesional del contrato que tienen en vigor, y una vez integradas en la plantilla de la administración regional, se negociará su incorporación la convenio colectivo del personal laboral.

Espina ha recalcado que la norma recoge tanto la integración de las plantillas estabilizadas como de las no estabilizadas y ha apuntado que los concejos que aún no hayan finalizado estos procedimientos deberán esperar a completarlos para, posteriormente, traspasar sus escuelas a la red. «Pido tranquilidad, porque esto preocupa a muchas trabajadoras. No perderán derechos ni salarios», ha garantizado la consejera de Educación.

En su comparecencia, ha explicado que el Principado pagará «por igual» a todas estas profesionales y que en el caso de aquellas administraciones locales que estén pagando a su personal por encima del módulo subvencionado los ayuntamientos deberán sufragar esta diferencia. En este sentido, Espina ha recalcado que este modelo supone una importante descarga para los consistorios, ya que el Principado pasará a hacerse cargo de la gestión completa, y se ahorrarán el pago de las sustituciones, que ahora están sufragando con recursos propios.

Aumento de la oferta

La norma, que, según los cálculos de Espina, podría estar aprobada antes de finalizar el año, establece la incorporación progresiva de los concejos, cada uno de los cuales tendrá que firmar un convenio individual y voluntario de colaboración con el Principado para formalizar la integración de sus escuelas. La adhesión de los consistorios se ordenará en función de cuatro criterios: ruralidad, tamaño de población (por orden de menos a mayor), vulnerabilidad del alumnado y sus familias y la existencia de una oferta suficiente para atender a la demanda.

En estos momentos, el Principado tiene en vigor convenios con 48 ayuntamientos que gestionan 76 centros susceptibles de ser integrados, con un total de 311 unidades y 4.511 plazas. La primera fase de la red autonómica, prevista para este año, prevé la apertura de 31 escuelas más de gestión directa de la administración regional.

Educación habilitará 15 en colegios públicos que tienen espacios disponibles y se abrirán otras 16 que varios consistorios están construyendo ahora, unas plazas que se cubrirán mediante concurso oposición. Todas ellas comenzará a funcionar a partir de septiembre y contarán con un máximo de 822 plazas distribuidas en 54 unidades, ha explicado Espina. Según sus estimaciones, cuando se complete esta primera fase y la integración de las municipales, la cantidad total serán de 107 escuelas, 365 unidades y 5.333 plazas.

Espina pide «política de altura»

La consejera ha mantenido hoy reuniones con los grupos parlamentarios, salvo a Vox, para presentar este proyecto y ha confiado en que haya una «política de altura» para poder aprobar la norma antes de finalizar el año con el máximo consenso, tras pasar por Consejo de Gobierno antes de verano. «Da respuesta a una petición histórica», ha comentado Espina, quien ha animado a todos los ayuntamientos a sumarse a una red «pionera» que no entiende de colores políticos. En este sentido, ha explicado que la integración de las escuelas municipales solo será posible si sale adelante el proyecto de ley.