Bregel (USIE): “Claro que notamos los cambios de gobierno; ahora recurren a la Inspección para todo”

En la Comunitat existen 147 inspectores, 70 de ellos en la provincia de Valencia. El propio Bregel tiene asignados 63 centros educativos en el área de Paterna, entre ellos cuatro institutos: “El número de inspectores es claramente insuficiente, aunque es un déficit compartido por todos los territorios. Hay que reducir la ratio de centros por inspector si de verdad quieres llevar a cabo las actuaciones de la inspección con profusión y calidad”

Aunque las funciones encomendadas por ley a estos funcionarios no han cambiado (supervisión de todo lo que ocurre en el centro; velar por el cumplimiento de leyes y normas, y asesorar a la comunidad educativa), el trabajo y la percepción del inspector ha cambiado mucho en las últimas décadas: “Nuestra labor –explica el presidente de USIE– va mucho más allá de la presencia física en el centro, al que acudimos un máximo de dos veces a la semana, tres de manera excepcional. Hay que gestionar los expedientes disciplinarios, atender las quejas de los ciudadanos, responder al Sindic de Greuges…. En relación con los centros nuestro perfil es ahora más participativo y proactivo; una orientación y ayuda que muchas veces no se reflejan documentalmente pero que constituyen buena parte del trabajo. Hemos reducido expedientes disciplinarios priorizando la actuaciones de mediación, lo cual no supone que cuando se den hechos susceptibles de la propuesta de incoación de expedientes, se hagan”.

Una de las quejas más recurrentes de docentes y centros es la carga burocrática que soportan. Miguel Bregel explica que “los documentos, a la vez que dan seguridad jurídica y facilitan la organización, deben ser prácticos, servir a un propósito concreto. Es verdad que la burocracia se ha incrementado, pero solo porque se han multiplicado las necesidades y las exigencias que se impone la propia comunidad educativa: la vigilancia de la salud mental, la mayor participación de las familias, los protocolos de convivencia… Y también algunos procedimientos añadidos que nacen del propio centro”.

Si, como se afirma, los inspectores son los ojos de la Administración Educativa; se supone que les hacemos caso: “Depende; cuando informamos de que faltan recursos concretos o de la necesidad de ampliar una unidad escolar, el órgano correspondiente tomará la decisión que crea más adecuada. Pero fuera de todo lo que supone un coste económico elevado, la información que proporcionamos al sistema resulta, además de esencial, la más objetiva”.

Un aspecto menos conocido del trabajo del inspector es la relación con las familias, cuyo se ha incrementado en la docencia en todos los aspectos. Según Miguel Bregel, “las familias han cambiado muchísimo. Antes lo normal es que los padres, ante una sanción o reprimenda del docente o del centro, apoyaran al centro; ahora lo habitual es lo contrario, las familias encuentran siempre excusas para el comportamiento de los menores. Actualmente nos llegan muchas más quejas de los padres. En parte porque están más informados, pero también existen más facilidades y cauces para las reclamaciones. En ocasiones vienen con un abogado, por si los protocolos no se han seguido correctamente”.

La política y la educación, siempre enredadas. ¿También en la Inspección Educativa? “Somos un servicio político-técnico, en el sentido que debemos velar por el cumplimiento de las nuevas normas y directrices. Claro que nos afectan los cambios de gobierno. Por ejemplo –relata Bregel– ahora tenemos que vigilar que en las zonas castellanohablantes sea posible reducir las horas de valenciano, como marcan las nuevas normas. Por otro lado, no olvidemos que los principales jefes son de libre designación, y que el propio secretario general de la Conselleria es el Inspector Jefe”. En comparación con el anterior Consell, “ahora se nos reclama una mayor intervención en todos los procedimientos, mientras los políticos anteriores dejaban más asuntos a la participación horizontal”.

¿Política hasta el punto de presionar el trabajo de los inspectores? “En realidad, no, porque al final las decisiones las toman los órganos administrativos afectados. Sólo en alguna población, siempre pequeña, podemos recibir alguna ‘presión’ en temas como el transporte escolar o la necesidad de incrementar las aulas. Ha habido algún caso, muy aislado, donde la situación se ha vuelto tan incómoda que ha sido aconsejable trasladar al inspector a otra zona”.

Quizá la tarea que hace más visible a la Inspección sea la conflictividad en los centros que, según Bregel, tiene sus etapas: “Hasta 2018 la principal falla de la convivencia escolar era el acoso. Después se convirtió en ciberacoso, y hoy estamos especialmente atentos a los problemas de salud mental y al riesgo de suicidios. Para los casos más agudos contamos con una Unidad Especializada de Orientación, que interviene para ayudar a las familias, a los centros y a los inspectores. Por otra parte, el programa Ítaca incluye el Previ, una herramienta para la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia, donde se registran todas las incidencias y su evolución. Sólo en mi zona, Paterna, aparecen cada día 4 o 5 casos”.

Las prioridades de Inspección Educativa responden a las líneas estratégicas que marca la Conselleria a través de una resolución que cada año publica la Secretaría Autonómica. “Actualmente tenemos como áreas prioritarias la supervisión económica de los centros públicos y el seguimiento de los funcionarios en prácticas. Y además de las actuaciones habituales (asesoramiento, mediación, evaluación) están las incidentales; es decir, las que requieren una intervención de urgencia: que se caiga el techo de un aula o, recientemente, la atención a la comunidad escolar afectada por el incendio de Campanar”.

La dualidad escuela pública-concertada es especialmente sensible en la Comunitat Valenciana, aunque “la inspección en centros concertados y públicos –aclara el presidente de USIE– es muy similar. En otros tiempos había que vigilar en los concertados que se cumplieran las normas de acceso de los nuevos alumnos y no hubiera discriminaciones, pero hoy eso está superado. Los concertados, por otro lado, tienen menos medios que los públicos para atender la Educación Especial, Fisioterapia y otros recursos que sí se encuentran en los públicos. Las principales diferencias, sin embargo, se hallan en el área económica, que no podemos fiscalizar, y en la actuación sobre los docentes, a los que Educación no puede suspender ni despedir. En todo caso, los criterios y documentos que manejamos son los mismos para todos. En los privados no concertados apenas tenemos competencias”.

Recientemente se han convocado nuevas oposiciones para Inspector: “Estas pruebas siempre han sido muy observada, y es verdad que tradicionalmente han estado politizadas. Los recursos empiezan con los mismos tribunales, cuya forma de elección ya se ha cambiado en dos ocasiones. La sombra de la política siempre ha estado ahí, aunque creo que ahora es mucho menor”

En un marco normativo cada vez prolijo da la impresión de que no cabe la innovación didáctica: “Al contrario –opina Bregel–, la innovación educativa tiene mucho margen para desarrollarse, aunque parezca que la proliferación de normas la haga más difícil. En los centros públicos es un poco más difícil porque el docente puede apelar a la libertad de cátedra, y también porque existe una gran rotación del profesorado (inestabilidad de plantillas). Con todo, hasta 4º de la ESO pueden implementarse, como de hecho ocurre, didácticas novedosas que incluso cuentan con subvenciones específicas tanto de Administración Educativa como de los ayuntamientos. El principal obstáculo para la innovación es siempre la inercia que se instala entre algunos docentes, explicable por la carga de trabajo extra que suponen los nuevos proyectos. Por eso se dan con más facilidad en los centros de zonas rurales, donde casi siempre hay menos alumnos”.

Reza el texto legal que establece las funciones de las Inspección Educativa: “Supervisar, evaluar y observar el funcionamiento de los centros en cuanto a aspectos organizativos y pedagógicos. Supervisar la práctica docente, así como la actividad directiva y participar en su mejora. Colaborar en la evaluación del sistema educativo y los aspectos que estén relacionados con ello”. Es decir, prácticamente todo.