El Defensor del Pueblo pide revisar las medidas contra el acoso escolar, cuya gravedad ha aumentado
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reunido con el presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y con miembros de la Mesa y portavoces de dicha Comisión. © Povedano / David Corral
En 2023, el informe presta especial atención a la prevención del acoso escolar y a la primera etapa de Educación Infantil. Aunque no se ha observado un aumento significativo en el número de quejas en relación a la violencia escolar, «sí se ha incrementado la gravedad», por lo que el Defensor ha tramitado varias actuaciones de oficio. La institución valora el esfuerzo de los agentes educativos, pero insiste en la necesidad de revisar la eficacia de las acciones preventivas y pide la puesta en marcha efectiva de la figura del coordinador de bienestar, tal y como establece la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia.
«La falta de concreción en la regulación estatal ha provocado que las comunidades apliquen criterios muy dispares en la implantación de dicha figura, en muchos casos sin definir el perfil y sin suficiente formación habilitante»; «la creación de esta figura quedará limitada al papel», si el docente no tiene tiempo ni formación especializada, añade.
Gratuidad del primer ciclo de Infantil
La institución ha recomendado a las administraciones una oferta suficiente de plazas públicas y la articulación de medidas para asegurar que el acceso a esta enseñanza no se vea condicionado por la situación económica de las familias, garantizando la igualdad de oportunidades. La actual Ley de Educación ha reforzado el carácter educativo de esta etapa y el incremento de plazas públicas de este ciclo (0-3 años).
Por otro lado, la institución ha concluido actuaciones de oficio para garantizar el acceso de las personas extranjeras a todas las enseñanzas postobligatorias, sin limitaciones derivadas de su edad o situación administrativa. Si bien las administraciones se atienen a la obligación de garantizar el acceso de los extranjeros a todas las enseñanzas, «no en todos los casos la normativa autonómica, las resoluciones y las instrucciones de las últimas convocatorias, así como los impresos de solicitud, contienen una previsión clara sobre la suficiencia del número de identificación de extranjero (NIE) o del pasaporte» para la admisión. Esta omisión debía ser corregida y todas las administraciones concernidas han aceptado la recomendación del Defensor en el sentido indicado.
Retrasos en la construcción de centros y mucho calor
Por otra parte, el informe anual recoge numerosas quejas relativas a retrasos en la construcción de centros docentes y la falta de acondicionamiento para hacer frente a las altas temperaturas. Así, el Defensor se ha interesado de oficio por las medidas adoptadas para adaptar las instalaciones a las altas temperaturas, que determinaron incluso que la suspensión de las clases durante varios días en alguna comunidad. Los estudiantes con necesidades educativas especiales también ha sido objeto de atención ante las dificultades para su evaluación psicopedagógica y su escolarización y por la falta de oferta de actividades extraescolares.
El Defensor del Pueblo alerta en su informe anual de 2023 que el umbral de renta establecido por la Comunidad de Madrid para percibir becas para el estudio de Bachillerato en centros privados madrileños, fijado en 35.000 euros por cada miembro de la unidad familiar, “no atiende al principio de equidad”. Según el texto, presentado este viernes, por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, esa cuantía de 35.000 euros “tampoco garantiza la igualdad en el derecho a la educación compensando las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables”.
Se trata de unas becas para el estudio de Bachillerato en centros privados autorizados por la Consejería en las que el importe de la beca irá destinado a financiar los gastos de reserva de plaza, matrícula y escolaridad, sin que el importe de la beca concedida pueda superar el coste total del curso por estos conceptos. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, trasladó a la Comunidad su disconformidad y formuló el año pasado la recomendación de «revisar» los criterios de renta, pero la propuesta no fue aceptada por la Comunidad de Madrid, lamenta este organismo.
En concreto, la proposición llamaba a “revisar” las ayudas de manera que pasen a “cumplir la finalidad de compensar las desigualdades en educación de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables”. Entre los requisitos para optar a las ayudas destaca no ser repetidor del curso para el que se solicita la beca, no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros, y que ambas condiciones se mantengan mantenerse a lo largo de todo el curso escolar.