La Concertada solicita rectificar las "graves e infundadas" acusaciones contra sus centros
Ante el informe publicado por EsadeEcPol titulado El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas y la cobertura que ha tenido en numerosos medios de comunicación como MAGISTERIO, donde se atribuyen a la enseñanza concertada «prácticas ilegales e irregulares, desprestigiando el gran trabajo que esos centros hacen por la educación en nuestro país», las patronales afirman que se han visto «obligadas a solicitar a EsadeEcPol una rectificación pública por estas acusaciones tan graves, con objeto de subsanar la desinformación que ha provocado este informe».
Un comunicado de las patronales señala que «es de justicia recordar que las actividades, servicios y proyectos educativos que hacen los centros concertados son legales, autorizados y supervisados por las administraciones y que el trabajo de miles de profesionales al servicio de la educación no puede cuestionarse sin base alguna».
El informe, que también subraya la «insuficiente financiación» de la enseñanza concertada en España, es «una prueba más de la necesidad de calcular el coste real del puesto escolar para garantizar su sostenimiento pleno».
«Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad y nos manifestamos abiertos al diálogo y a trabajar juntos para mejorar la educación y la sociedad», afirman estas organizaciones.
Aclaraciones de EsadeEcPol
Por su parte, EsadeEcPol ha publicado una ‘nota aclaratoria’ en la que señala que afirma que «lamentan sinceramente algunas interpretaciones que se han hecho del informe, que en ningún caso reflejan las intenciones de EsadeEcPol, ni responden a la complejidad del fenómeno y la amplitud de matices que los propios datos del informe muestran». «El informe –sigue la nota– no está en ningún caso en contra de la educación concertada. Todo lo contrario, lo que el informe muestra es que existe un problema de fondo de infrafinanciación que explicaría buena parte del problema de las cuotas en el sector».
Según los autores del informe, «lejos de la visión monolítica en las críticas habituales al sector, el informe –gracias a la utilización de bases datos del INE no explotadas hasta la fecha– ofrece una información mucho más granulada que permite dimensionar y acotar ese problema de infrafinanciación. Lo que muestran los datos es que una parte del sector (en torno a 1/6) estaría cobrando cuotas no asociadas a un problema de infrafinanciación, pero el resto (5/6 partes) o bien no cobran cuotas, o bien lo hacen para compensar un déficit de financiación, o bien para financiar gastos no concertados. De hecho, un 15% de escuelas muestran resultados deficitarios, lo que podría mostrar una cara bien distinta al énfasis que se ha puesto en algunas interpretaciones del informe: el rol de integración social que también está jugando una parte del sector».
También hace una importante aclaración: «que la incorrecta expresión ‘ilegales en teoría’ hacía referencia al hecho de que, de acuerdo con la normativa vigente, el acceso a la escuela concertada debería ocurrir en condiciones de gratuidad, cuando en una buena parte de casos la insuficiente financiación lleva a que de facto las escuelas concertadas necesiten acudir a otras fuentes complementarias de financiación, sin que esto suponga una condición para el acceso al Centro o para recibir enseñanza concertada. La expresión no se refiere, por tanto, a la naturaleza jurídica del pago de cuotas voluntarias vía aportaciones y donaciones, que está reconocida en la ley». Para evitar mayor confusión a este respecto EsadeEcPol ha decidido, en todo caso, eliminar el término “ilegales en teoría”.
