Un 30% de los centros concertados cobra cuotas pese a recibir suficientes fondos públicos

Es lo que refleja el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, elaborado por el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), que por primera vez hace una estimación de la magnitud del sector y combina el gasto de los hogares con las cuentas de explotación de los centros.

Un 30% del alumnado de etapas obligatorias acude a la concertada; un 67% a la pública y un 4% a la privada autofinanciada, explica EsadeEcPol, que se basa en microdatos del INE para realizar este trabajo. Entre el 81% y el 95% del alumnado paga cuotas, de media entre los 680 y 860 euros al año. Ello supone una cuantía total de 947 a 1.186 millones de euros para las etapas de infantil, primaria y ESO.

Uno de los autores del informe y director del área de Educación de EsadeEcPol, Lucas Gortazar, subraya a Efe que hay «una situación en la que algunos centros abusan del concierto y otros que no reciben dinero suficiente. Tenemos ambas realidades». En conjunto, «hay en torno a un tercio de centros correctamente financiados pero que cobran cuotas y de ellos unos pocos que están sobre-financiados». El resultado «más importante» es que, al contrario que lo que sugiere el debate público, es un sector «más diverso que monolítico, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista del cobro de cuotas y de las razones más probables» por las que deciden hacerlo, ha resumido en rueda de prensa Ángel Martínez, investigador de EsadeEcPol y coautor del informe.

Un 13% no paga nada y un 18% menos de 20 euros al mes

Los datos reflejan que hay un 13% del alumnado que no paga cuota en las etapas obligatorias, mientras que un 18% pagan menos de 20 euros al mes. En el lado opuesto, el 10% de alumnado con más cuotas asume el 45% del gasto total. Además, existen grandes diferencias por riqueza familiar: el 20% de renta más baja abona una media de 310 euros anuales, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.

En cuanto a las comunidades, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a concertados las abonan; el porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82%) y se reduce mucho en Andalucía (60%). La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía.

Al calcular el resultado económico de los centros, se concluye que la financiación es muy desigual, con un 20% de centros con resultado negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado positivo e inferior a los 300 euros por alumno/año y un 30% que tienen «una clara situación de sobrefinanciación». Tras recalcar que la probabilidad de cobro de cuotas y su magnitud es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación, explica que el 90% los centros de mayor tamaño cobran a las familias, mientras que en los medianos y pequeños, la proporción baja a entre un 60% y un 70%.

La partida más significativa del gasto no concertado corresponde a la contratación de psicólogos, directores sin función docente, personal de administración o de servicios generales –más del 40%–, seguido del personal de servicios complementarios (comedor, transporte…, entre un 19-22%).

Razones por las cuales los centros cobran cuotas

Tomando como referencia el resultado económico y sumando un margen de 200 euros por alumno, se diferencian tres situaciones posibles: centros infrafinanciados que cobran para sobrevivir; adecuadamente sufragados que lo hacen para afrontar gastos no concertados y lo bien financiados que cobran por diferenciación de su oferta o beneficio económico.

A partir de esto último segmenta todos los centros en cinco grupos para cada etapa (Infantil, Primaria y ESO):

• Un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados.
• Un 14,5%, 12% y 14,5% no cobran cuotas y están infrafinanciados.
• Un 23% en todas las etapas educativas sí cobran para cubrir el hecho de que están infrafinanciados.
• Un 28%, 29% y 28% sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados.
• Un 17,5%, 15% y 15% cobra por diferenciación o beneficio económico.

El sistema actual, agrega, hace que los incentivos a cambiar la situación sean «escasos», en buena medida por la baja inversión pública: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público, facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector.

Tras recordar que en relación a la pública, la concertada acoge en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y migrante, lo cual «daña» la igualdad de oportunidades y la equidad, propone una serie de medidas para garantizar que la doble red no se convierta en un factor de segregación escolar y asegurar la gratuidad del acceso a la educación sostenida con fondos públicos. Entre ellas hacer un análisis detallado del coste de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las autonomías, y auditar los gastos no concertados.

Gortazar también es favorable a mecanismos que acaben con los conciertos de los centros claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son elevadas. «Se les puede plantear periodos de transición para eliminar o reducir sus cuotas». «En caso de no hacerlo se les podría quitar los fondos públicos o bien hay figuras jurídicas como el concierto parcial que les obliga a subir las cuotas, una medida impopular pero que no compromete por completo la existencia del centro», recalca. Según las simulaciones realizadas en el estudio por Gortazar, Martínez y el catedrático de la Autónoma de Barcelona Xavier Bonal, esto último permitiría redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector.

Por otro lado, sugiere vigilar el coste del comedor escolar «sistemáticamente más altos que los de los públicos, para evitar que sean una fuente encubierta» de financiación.

Por su parte, las patronales de la concertada (CECE, Uecoe y Escuelas Católicas) han emitido un comunicado en el que puntualizan –en primer lugar– que el informe «subraya la insuficiente financiación de la educación en España, así como la crónica infrafinanciación de la escuela concertada». Por ello, señalan que «es urgente cumplir con el mandato legal (LOE y Lomloe) de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia».

«Nos preocupa –añade el comunicado– que el informe sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros». «Cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración», añaden las patronales.

Por otra parte dicen que «es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales». «Todas las contribuciones económicas de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto», matizan estas organizaciones. «La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben», puntualizan.

Además, indican que «lamentablemente, el informe no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población».

«La mezcla de aulas concertadas y no concertadas en el cálculo del gasto por alumno –añade la concertada– distorsiona las valoraciones, al igual que la ‘reclasificación’ de alumnos de la red pública basada únicamente en la declaración de cuotas elevadas». Además, «confunde incluir donaciones, aportaciones y cuotas por actividades en el concepto de ‘cobro de cuotas’. La falta de claridad induce a confusión: parece sumar múltiples partidas para respaldar una conclusión previa», señalan

También destacan que el Informe señala el «poco rigor de los estudios publicados periódicamente por Cicae y Ceapa y titulares sesgados en otros medios y que hemos denunciado en ocasiones anteriores». E instan a efectuar una «revisión más rigurosa de los datos presentados en el informe, especialmente en lo que respecta a la financiación real de los centros concertados y su capacidad para mantener instalaciones adecuadas». «Es esencial no confundir las donaciones y contribuciones voluntarias con el cobro de cuotas ilegales, y también es preciso reconocer el papel vital que desempeñan los centros concertados en la oferta educativa del país», concluye el comunicado.