El Govern catalán en funciones regula y blinda jurídicamente los proyectos lingüísticos de las escuelas

La aprobación del decreto por parte del Consell Executiu, en funciones después de las elecciones del pasado domingo, 12 de mayo, desarrolla los principios de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha subrayado que este decreto, que ha dicho que no debe convalidar el Parlament, es una «urgencia para proteger el catalán» y ha asegurado que el Govern tiene «potestad» para poder aprobarlo aunque esté en funciones.

El nuevo decreto se ampara en dos normativas: el marco legal de la Ley de 2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria y en el Decreto ley de 2022, que fija los criterios aplicables en el desarrollo de los proyectos lingüísticos de los centros educativos (PLC). Este decreto mantiene el catalán como lengua vehicular y regula en qué casos se puede hacer uso curricular del castellano con el objetivo de garantizar el aprendizaje pleno de las dos lenguas. Además, el ejecutivo dispone ahora de un instrumento jurídico para regular la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los proyectos lingüísticos de los centros, que contemplan aspectos como los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de aprendizaje de cada lengua o la formación del profesorado en competencia lingüística.

El Departamento de Educación deberá proporcionar asesoramiento a los centros para elaborar estos proyectos, que no podrán ser modificados una vez iniciado el curso. Plaja ha destacado que cada centro debe tener listo su proyecto lingüístico antes del inicio del curso, el 9 de septiembre, que debe presentar ante el Departamento de Educación para que lo valide.

Por otra parte, el decreto determina la competencia lingüística tanto del alumnado como del personal docente, que, en el caso del universitario, deberá acreditar el conocimiento superior (C2) –oral y escrito– del catalán y del aranés, en el caso de la Valle de Arán (Lleida). Con respecto al alumnado, el documento dicta que el Departamento debe establecer las equivalencias entre el nivel de conocimiento de las lenguas alcanzado en el sistema educativo y los niveles del marco europeo común de referencia (MECR). Además, se contempla la atención lingüística y apoyo personalizado para el alumnado recién llegado de otras regiones, a la vez que establece la necesidad de crear programas de inmersión lingüística para la educación básica.