Morant espera aplicar la reforma para frenar las universidades privadas el próximo curso

«Tenemos que poner freno a ese modelo educativo de privatización de la educación» que impulsan algunas comunidades autónomas, subraya la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha abogado por poner encima de la mesa el debate de porqué están proliferando las privadas «al tiempo que se maltrata a las públicas en determinadas comunidades». Hace unos días, el Ministerio constituyó un grupo de trabajo para acordar medidas y exigencias para la creación de nuevos centros universitarios, con el fin de endurecer sus criterios de calidad y, posteriormente, modificar el real decreto aprobado en 2021 por Manuel Castells por el que se regula esta cuestión. «Se aprobará antes del verano y queremos que para el próximo curso sí tengamos ya esa capacidad de impacto en la planificación de las universidades», ha recalcado.

En los últimos 25 años, las privadas han triplicado su número y casi cuadriplicado la matrícula de estudiantes, mientras la oferta de la pública se mantiene estable. Tras subrayar que la universidad pública garantiza el ascensor social, Morant añade que no se la puede obligar a competir «si no tiene una igualdad de condiciones porque no está bien financiada por las administraciones», mientras que «en muchas ocasiones» da la sensación de que hay universidades privadas «que vienen a ser básicamente empresas de expedición de títulos». Por tanto, es necesario debatir «qué podemos hacer para mantener su calidad y, sobre todo, para advertir a aquellos que por una cuestión de modelo ideológico están privatizando a costa del maltrato de la pública, que no lo van a tener tan fácil y que no van a poder permitir que proliferen estas universidades privadas en detrimento de las públicas si no hay unos criterios de calidad». Incluso, ha añadido, «muchas veces en las comunidades autónomas desoyen los criterios desfavorables que emite el Ministerio y siguen adelante con esos planes de creación de las privadas y entonces, de repente, no hay financiación para grados en la pública pero aparecen esos grados en la privada».

Nueva reunión con las comunidades autónomas

Avanza, asimismo, que en unas semanas reunirá a las autonomías para seguir trabajando sobre la propuesta de su cartera de contratar a 3.400 nuevos profesores ayudantes doctor en los próximos seis años y los respectivos compromisos de los gobiernos regionales para completar este plan con su propia financiación. Si no hay corresponsabilidad, los Gobiernos regionales no podrán beneficiarse de la ayuda ministerial. «Ahora mismo ya estamos repartiendo a las comunidades autónomas los convenios específicos y vamos a convocar muy pronto la Conferencia de Política Universitaria donde aprobar el programa y donde las comunidades van a tener ya que decidir si entran en el programa o no».

Con la contratación de las nuevas plazas, el Ministerio quiere ayudar a las comunidades autónomas en el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en relación a los aspectos laborales del personal docente e investigador, pese a tratarse de una competencia transferida a las administraciones autonómicas.

Uno de cada dos profesores tiene contrato temporal

Uno de los principales objetivos de la ley, aprobada hace un año, es acabar con la precariedad y la alta temporalidad de la plantilla. Según ha recordado la ministra, España ha alcanzado cifras récord de trabajadores y la temporalidad ha bajado a mínimos históricos (12,5%), mientras las actividades científicas y tecnológicas  crecen cinco veces más que en el resto de los sectores productivos, con una temporalidad cinco puntos por debajo dela media (7,5%). «Aún así en las universidades la temporalidad es de media del 50 por ciento», o sea, uno de cada dos profesores universitarios tiene un contrato temporal y eso es una anomalía que debemos regular, lo hemos hecho a través de la LOSU pero vemos una reticencia por parte de muchas comunidades a aplicarla y arreglar el problema», ha añadido. Por tanto, «se abre un debate que hay que poner encima de la mesa: efectivamente hay autonomía universitaria, las competencias en materia de financiación de las universidades es de las comunidades, pero no todas están transfiriendo los recursos por igual. Hay gran asimetría, comunidades donde en los últimos años la financiación ha crecido un 30 por ciento y otras como Madrid que solo un 5 por ciento».

La ministra ha confiado en que todas las comunidades se adherirán al Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, incluidas las gobernadas por el PP que mostraron una reticencia inicial, «un criterio general seguramente impuesto por Génova (PP), pero al final las comunidades entienden que tienen que trabajar por sus universidades». Dicho plan implicará financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-25 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.

«Gran margen de mejora» en la homologación de títulos

Por otro lado, Morant ha apuntado a un «gran margen de mejora» en todo el procedimiento de la homologación de títulos extranjeros: «Hablamos de que utilizamos en muchos casos aplicaciones informáticas desde el 2003, hablamos de que hay normativas que también vamos arrastrando…». Para ello ha encargado un estudio interno, cuyos resultados tendrá en unos «pocos días», después presentará públicamente cuál será el nuevo procedimiento y «seguramente vamos a tener que modificar la norma», ha dicho.

Por último, Morant ha explicado que ya está en marcha la comisión de trabajo prevista en la LOSU para estudiar cómo alcanzar el objetivo de destinar un 1 por ciento del PIB al sistema universitario de aquí a 2030, uno de los compromisos establecidos en la ley. «Buscamos las fórmulas por las cuales el Gobierno siga apoyando en la financiación de las universidades, pero desde luego también fiscalizamos que las comunidades hagan lo suyo y que lleguemos a ese anhelo del 1 por cientoTento hgas de la financiación», ha recalcado.

El debate abierto por las acampadas de estudiantes universitarios que piden un alto al fuego en Gaza llega este jueves a la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores (CRUE), de la que se espera un pronunciamiento, y ha alcanzado también a los partidos políticos, de nuevo divididos. Las acampadas, que siguen la estela de las universidades estadounidenses, arrancaron en la facultad de Filosofía de la Universitat de València, donde cumplen once días acampados, y se han extendido ya a campus de Barcelona, País Vasco, Navarra, Sevilla, Granada, Madrid o Alicante. Y todo apunta a que seguirán expandiéndose: este jueves, los universitarios de Málaga tienen previsto organizar su acampada en la Biblioteca General de la Universidad, mientras que los estudiantes de Cantabria están convocados a una asamblea abierta con los lemas «¡Paremos el genocidio a Palestina!» y «¡Palestina libre!».

Los alumnos movilizados acusan a Israel de «genocida», reclaman que cese su ataque sobre Gaza y exigen el fin de las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con este país. Estudiantes como los de Valencia piden además que sus universidades cesen los convenios y la colaboración con instituciones académicas de Israel y reconozcan al Estado palestino. Algunas universidades caminan ya en esa dirección. El claustro de la Universidad de Barcelona (UB) ha aprobado este miércoles por mayoría una moción para romper relaciones académicas con Israel, mientras que la Universidad de Granada quiere tratar esta posibilidad en su Consejo de Gobierno.

Con estas reivindicaciones sobre la mesa se reúne hoy, jueves, la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el órgano que reúne a la universidad española en su conjunto, y en el que centros como el de Granada buscarán un pronunciamiento común, según informó recientemente en un comunicado de prensa.

División en el debate político

Las protestas por la paz en Palestina han provocado ya choques en el terreno político. Los estudiantes recibieron desde el primer momento el respaldo del Gobierno, que ha pedido un alto al fuego y que próximamente aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado. En cambio, del PP han recibido críticas. El portavoz de este partido, Borja Sémper, dijo este miércoles que las acampadas están destinadas «contra Israel y a favor de Hamás» y que pretenden «señalar a un culpable en exclusiva, Israel, y salvar de toda culpabilidad a una organización terrorista y cruel como es Hamás». Los populares sostienen que es Hamás el que inició el conflicto al atacar Israel el 7 de octubre, aunque piden a este país «proteger a los inocentes palestinos que también sufren» a esta organización terrorista.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha posicionado respecto al fondo de las protestas, aunque sí ha pedido dejar a la universidad «al margen de la ideología», sacar «la política de las aulas» y no emplear estas instituciones «para hacer campaña a favor o en contra de una determinada posición o ideología».

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha salido en defensa de los estudiantes universitarios y ha pedido al PP que no les criminalice y «dejen de mentir, de inventar bulos, de desinforma» diciendo que los alumnos defienden a Hamás cuando «lo que están haciendo es defender la paz». Las protestas han recibido además el apoyo de otros ministros del Gobierno como el titular de Cultura, Ernest Urtasun, o la de Juventud, Sira Rego.