Curso 2025: La nueva Formación Profesional se complica si no atrae a suficientes empresas

Toda la Formación Profesional –Grado Básico, Medio y Superior– deberá desarrollarse el próximo curso 24-25 con carácter dual, pero no está claro si las empresas ofertarán suficientes plazas para que más de un millón de estudiantes realicen las prácticas a las que obliga la Ley de FP, aprobada hace dos años.

En coincidencia con la apertura de la matrícula de este tipo de enseñanzas en la mayoría de las comunidades autónomas y de cara al nuevo curso, el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional (FPEmpresa), Luis García Domínguez, expone a Efe la necesidad de «una mayor colaboración de las empresas. Hasta hoy, parece que no hay demasiado entusiasmo o por lo menos no tenemos una información de la disponibilidad de esos puestos formativos».

Por esta razón, su organización, la más representativa del sector, aboga por «dar algún tipo de reconocimiento, exención fiscal o ayudas para animar a las empresas de manera transitoria, quizá dos, tres o cuatro años, hasta que se implante el sistema», añade.

A finales de marzo, la secretaria general de FP y una de las principales artífices de la nueva ley, Clara Sanz, avanzó a Efe el proyecto de lanzar unas unidades especiales para aproximar la Formación Profesional Dual donde están las empresas, con actuaciones dirigidas a ayuntamientos y a espacios como polígonos industriales.

Según explican fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, todavía no se ha sacado la convocatoria para materializar estas unidades. Su labor será recoger las demandas y las ofertas para estancias formativas en las empresas, y difundir y aproximar las ofertas de actualización para los trabajadores y la acreditación de sus competencias.

La Ley Orgánica de Formación Profesional establece que el próximo curso el Grado Básico, Medio y Superior tendrá carácter dual -conjuga enseñanza en el aula con las prácticas de empresa- y crea dos modalidades: General e Intensiva. En el primer caso, el porcentaje de formación en la empresa será del 25% al 35%, y en el segundo más del 35%.

Se estima que alrededor del 70 % de los estudiantes se quedan en las empresas al concluir su estancia formativa en las mismas.

En los últimos meses, las comunidades autónomas han preparado las instrucciones y normativas precisas para trasponer los reales decretos derivados de la ley, resume García Domínguez.

Uno de los retos radica en que «por primera vez vamos a tener una fase de formación en empresa en el primer curso y segundo curso. Y eso en función de cómo se organiza en cada comunidad va a requerir un número mayor de puestos formativos de los que tenemos hasta ahora».

Recuerda que en el último curso ha habido en algunas autonomías un cuello de botella para la antigua formación en centros de trabajo, sobre todo en la rama sanitaria y de los cuidados y en informática.

En consecuencia, «podemos prever que va a ser necesario una mayor colaboración y desde FPEmpresa hemos requerido que de manera transitoria se establezcan algunas medidas que puedan animar a las empresas a participar en este ofrecimiento de puestos formativos».

Las formaciones en el lugar de trabajo pueden prolongarse hasta 500 horas.

Un segundo reto, apunta García Domínguez, es el los certificados profesionales, es decir, de aquellas formaciones y microformaciones correspondientes a lo que hasta ahora era la Formación Profesional para el empleo.

«La flexibilidad de la ley debe acompañarse de una normativa tanto central, es decir, del Estado, como autonómica, que permita de manera efectiva en los centros ser flexibles y acercarnos a los ciudadanos».

En cada centro de FP deberá existir la figura del tutor o tutora dual del centro, al menos para cada una de las familias profesionales que en él se impartan, y cada estudiante tendrá asignado uno.

En los últimos cuatro años se han creado 330.000 plazas de FP frente a las algo más de 200.000 a las que se había comprometido inicialmente España con la Unión Europea para recibir las ayudas del Plan de Recuperación y Resiliencia. En la presente legislatura, el ministerio calcula hasta 150.000 plazas nuevas.