El Ministerio advierte a la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid que incumplen la Lomloe

Los motivos de los incumplimientos que señala el departamento de Pilar Alegría son muy distintos y se refieren a normativas que van desde el proceso de admisión de alumnado (Comunidad Valenciana), a la exclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en pruebas diagnósticas (Madrid) y el reparto de alumnado vulnerable entre los centros públicos y concertados (Baleares). Las fases de reclamación en el que están cada uno de los casos también son diferentes: en la Comunidad Valenciana el Ministerio espera su respuesta tras remitirle una carta de colaboración (un intento amistoso de solucionar el problema sin tener que recurrir a los tribunales), y en Madrid ya se le ha remitido un requerimiento, paso previo al contencioso administrativo si no es atendida la solicitud ministerial.

En Baleares el decreto en liza aún no ha sido aprobado sino que el Gobierno regional solo ha publicado su borrador. Este texto motivó también el envío de una carta de colaboración por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que está pendiente de respuesta y de la aprobación definitiva de la norma balear para decidir el siguiente paso. Respecto a Madrid, esta región excluyó de las pruebas diagnósticas que ordena la Lomloe, más conocida como ley Celaá, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Según las fuentes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió que estos estudiantes quedaran exentos de las pruebas para conocer el nivel de conocimientos y competencias en determinadas etapas educativas. «La Lomloe es muy clara» respecto a que ellos también deben someterse a dichas evaluaciones, implementado las adaptaciones necesarias, por ejemplo darles más tiempo para su realización. Baleares aún no ha respondido a la solicitud de rectificación del Ministerio. «Aquí no habrá avances hasta que publiquen oficialmente la nueva normativa, momento en el que se les podrá advertir o no».

Las discrepancias del departamento de Pilar Alegría obedecen a que el futuro proyecto balear excluye a los representantes del profesorado y del alumnado de las comisiones de garantías de admisión, y al reparto equilibrado de los estudiantes vulnerables entre los centros públicos y concertados.

La Comunidad Valenciana ha contestado «en tiempo y forma» a la carta, afirmando que a su juicio su decreto de admisión es correcto y no contraviene la ley educativa, con lo cual «en los próximos días» se les enviará un requerimiento formal que ya tiene la firma del secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, han añadido las fuentes. El Ministerio observa en el decreto de la Generalitat que en los criterios para la valoración de las solicitudes no figuren la condición de violencia de género o terrorismo, y que no se respetan varios aspectos sobre qué alumnos tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o lugar de trabajo.

Así, el decreto «omite supuestos contemplados como el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales; o a una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia.

El director general de Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, Jorge Cabo, ha afirmado que la carta de colaboración enviada por el Ministerio «no cuestiona» ni el distrito único ni la circunstancia específica que permite a los centros dar un punto extra del decreto de admisión. Así lo ha señalado este jueves tras conocerse que el Ministerio ha advertido a la Comunitat Valenciana, Madrid y Baleares, todas ellas gobernadas por el PP, que están incumpliendo la última ley educativa (Lomloe) y que, en caso de no rectificar, planteará recursos contenciosos administrativos.

Cabo ha explicado que, ante la carta de colaboración remitida por el Ministerio, desde la Conselleria «se ha ofrecido toda la colaboración y se ha matizado que el objetivo de la elaboración de un nuevo decreto era subsanar las deficiencias que el Decreto 40/2016 de la anterior Administración presentaba». Según el director general, el decreto del Botànic «no se respetaba la preferencia de los tres criterios prioritarios» establecidos en la LOE (Ley Orgánica de Educación), como la existencia de hermanos matriculados en el centro, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores legales, y la renta per cápita de la unidad familiar.

Asimismo, ha señalado que en el decreto anterior se primaba, en segundo lugar, el criterio no prioritario de los padres, madres o tutores legales trabajadores del centro, y situaban la renta per cápita de la unidad familiar en cuarto lugar, con puntuaciones más bajas que los otros criterios no prioritarios. «Nuestro decreto, sin embargo, lo que hace es beneficiar al alumnado más vulnerable, priorizando a los niños de acogida y a las familias con rentas más bajas», ha afirmado en un comunicado, en el que ha insistido en que la carta del Ministerio «no trata en ningún momento ni la circunstancia específica ni el distrito único».

Cabo ha señalado finalmente que no los trata «por razones obvias, ya que es competencia autonómica poder adicionar nuevos criterios de admisión, cuestiones que ya existen en otras comunidades autónomas».