La nueva PAU tendrá estructura, características básicas y criterios de corrección mínimos comunes

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado este martes el Real Decreto que regulará a partir de ahora la Prueba de Acceso a la Universidad, que ya ha publicado el BOE. El nuevo modelo cuenta con una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio. “Se trata de una prueba ampliamente debatida con las comunidades autónomas, universidades, órganos de los rectores, estudiantes y familias”, en palabras de la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Los alumnos que el próximo curso superen con éxito segundo de Bachillerato y se presenten a esta prueba, se examinarán de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas comunidades con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias más, que serán elegidas por el alumno. Serán materias distintas a las de la fase de acceso, podrán ser de modalidad, cursadas o no, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera. En caso de querer examinarse del número máximo de materias (cuatro), una de ellas deberá ser obligatoriamente este segundo idioma. Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos, con un descanso mínimo de media hora entre exámenes consecutivos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a tener más tiempo para realizar cada ejercicio, si así lo prescribe su necesaria adaptación y sin que afecte a la duración de sus descansos.

La normativa, que emana de la Ley de Educación, concreta las características básicas de los ejercicios que componen la prueba de acceso y regula unos parámetros comunes para la evaluación del alumnado. Para cada ejercicio, deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados. Estos criterios incluyen la valoración de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.

Las comisiones organizadoras de las pruebas asegurarán la aplicación de criterios específicos de corrección y calificación, así como la aplicación de un mismo procedimiento de revisión en todo el territorio. En cuanto a las calificaciones, no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, rechaza que la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez sea común porque «no se ha consensuado nada» con las Comunidades Autónomas «ni tampoco ofrece ningún tipo de alternativa a los estudiantes». Así lo ha afirmado este martes Viciana en una nota de audio remitida a los medios en la que sostiene que «está claro que después de este fracaso electoral (en las europeas), el PSOE está intentando hacer la competencia al Partido Popular y, de paso, desviar la atención con este proyecto de EBAU común».

«Realmente no es común porque no se ha consensuado nada con las demás comunidades autónomas, ni tampoco ofrece ningún tipo de alternativa a los estudiantes, ya que no unifica nada, no armoniza nada y en el fondo, diluye los saberes y rebaja los niveles de exigencia al plantear una EBAU por competencias». Para el consejero madrileño «sigue plenamente vigente» el proyecto del Partido Popular de hacer una EBAU común, un proyecto en el que ha participado activamente la Comunidad de Madrid y en el que, según Viciana, se mantiene «el nivel de exigencia» y establece unos criterios comunes tanto de corrección como de niveles de exigencia y que «garantiza un acceso en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes a las universidades españolas».

Por su parte, el conseller valenciano de Educación, José Antonio Rovira, ha calificado de «acertada» la decisión del Ministerio de adaptar la selectividad a la nueva ley educativa y contemplar criterios comunes en la corrección y el formato de las pruebas. El conseller ha señalado que «se ha aprobado la nueva selectividad» de forma «rápida» y a raíz «de la iniciativa que habíamos tomado las comunidades gobernadas por el PP de establecer al máximo una prueba única en toda España». Es decir que «si los alumnos en toda España pueden moverse en cualquier universidad e lógico tender a una prueba lo más homogénea posible».

No tiene sentido, a su juicio, que «aquí en la Comunidad Valenciana valoremos, por ejemplo, las faltas de ortografía de un modo y en otras comunidades se valore con otras puntuaciones distintas». Así, para el conseller, el Ministerio de Educación, «acertadamente esta vez ha ido a adelantarse a la presentación de las comunidades gobernadas por el PP al menos –la gran mayoría– establecer una prueba homogénea en toda España».

Igualente, la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha manifestado en un comunicado de prensa tras conocer la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2024-25 que «no necesitamos una EBAU más dura sino más justa, que garantice la igualdad de los jóvenes españoles». Según el gobierno regional, el Gobierno central ha modificado la EBAU unilateralmente, sin contar con el criterio de las comunidades autónomas, no propone una prueba común, ya que «en realidad, es igual que otros años y se mantendrán las diferencias por la falta de una política educativa seria y rigurosa».

El Gobierno ha predeterminado que tendrá que descontar al menos el 10 por ciento de la calificación de cada pregunta por faltas de ortografía, presentación deficiente, falta de coherencia o cohesión argumental o problemas de gramática, pero, según el gobierno murciano, «no especifica cómo se van a descontar, ni cuántas faltas se pueden cometer, dando cuenta una vez más de la falta de rigor del Gobierno de la Nación». «Los cambios en la EBAU es una muestra más de la nefasta política educativa del Gobierno socialista», añade.