Universidades y autonomías, salvo Baleares, cofinanciarán 5.636 plazas de profesores
La ministra Diana Morant ha resaltado que, frente a una tasa de temporalidad general del 12,8%, en el sector universitario ese porcentaje alcanza el 49%, algo que ha calificado de "inaceptable". POOL MONCLOA / JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ
Tras reunirse la Conferencia General de Política Universitaria, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha explicado en rueda de prensa que en el plazo de unas semanas se firmarán convenios bilaterales con las comunidades que se adhieran al Programa de Incorporación de Talento Investigador y Docente en los campus públicos. El plan ha recibido el apoyo de todas las comunidades, a excepción de Baleares, aunque la ministra ha confiado en que finalmente sí se sumará al mismo.
Este curso académico entrante, el Ministerio de Universidades financiará todas las plazas a las que se ha comprometido en este plan –3.400 plazas de ayudantes doctores–, con lo que los campus tendrán que ofertar estas nuevas contrataciones antes de septiembre, siempre y cuando la comunidad cofinancie el resto de las plazas necesarias. El martes, en Consejo de Ministros, se aprobaron los primeros 46 millones de euros para sufragar estas plazas, que cubre el coste de la remuneración de las nuevas plazas de profesorado universitario entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2024. En los próximos seis años, el Gobierno aportará 150 millones de euros anuales, a los que se deberán sumar 97 millones aportadas por las comunidades autónomas hasta llegar a la cifra de 5.636 plazas.
Aunque no es competencia del Gobierno, el Ministerio ha optado por acompañar a las comunidades para que puedan cumplir la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ordena acabar con la alta temporalidad y precariedad laboral del profesorado universitario. Uno de cada dos tiene contrato temporal pero hay universidades como la de Illes Balears donde asciende al 70%, según la ministra. La reforma universitaria obliga a rebajar el número de horas lectivas de los profesores asociados –de 180 a 120 horas– y de los actuales ayudantes doctores –de 240 a 180 horas–. Las horas que se quedan sin cubrir son las que ahora deberán ser cubiertas por los nuevos docentes.
Debido a la crisis económica y a los recortes, muchas universidades comenzaron a abusar de la figura del asociado, en principio profesionales de otros sectores que ofrecían su experiencia a la universidad y que finalmente se convirtieron en profesores a tiempo completo por un salario de entre 600 y 700 euros. El objetivo final es bajar del actual 48% de temporalidad al 20% al que obliga la ley. Además, el ministerio ha flexibilizado el calendario, de modo que este esfuerzo de nuevas contrataciones se podrán hacer a lo largo de cuatro años académicos.
El contrato de la figura del ayudante doctor tiene una duración de seis años y después las universidades –financiadas mayormente por sus comunidades– deberán consolidar o estabilizar dichas plazas. A partir de este momento, ha dicho Morant, se trata de «rematar» el trabajo para convertirlo en convenios que no pueden retrasarse «más allá del tiempo necesario para que la universidad pueda sacar sus concursos». Estos acuerdos recogerán las condiciones técnicas y jurídicas, así como la aportación del Gobierno y de las comunidades (150 y 97 millones respectivamente, en total 247 millones al año).
Morant ha recordado que España atraviesa uno de sus mejores momentos en términos laborales, un contexto en el que es «inadmisible» un 48% de temporalidad en la universidad –la media nacional no llega al 13%–. «Nunca antes un Gobierno ha hecho un esfuerzo similar para la contratación de personal universitario», ha concluido Morant.