La Conferencia Episcopal aprueba el Plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales

Las cinco líneas de trabajo expresan lo que las instituciones eclesiales ya están realizando e indican los principios que orientan el trabajo de la Iglesia en adelante. Son las siguientes:

Reconocer y reparar. En esta línea se encuadra el reconocimiento y la reparación simbólica a través de la adhesión al acto público de reconocimiento a las víctimas; el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales prescritos o en los que el victimario ha fallecido; y el reconocimiento y reparación de aquellos casos en los que la acción penal no ha prescrito. Esta línea de trabajo incluye la elaboración del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales.

Atender a las víctimas y/o supervivientes. La propuesta trata de asegurar la atención integral de las víctimas y/o supervivientes en particular a través de las Oficinas de Atención a las Víctimas.

Prevenir. Continuar la difusión en los centros educativos de la Iglesia de la “Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos” publicada por Escuelas Católicas; y trabajar en la implantación en los centros de la figura del coordinador de bienestar y protección.

Formar y sensibilizar. En esta línea se busca la formación de los profesionales en contacto con personas menores de edad en materia de violencia sexual; y la sensibilización con la difusión de las medidas de prevención y protocolos de las instituciones educativas de la Iglesia.

Informar e investigar. Mediante la promoción de estudios sobre la prevalencia de violencia sexual en la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, la Iglesia católica en España promueve la denuncia de los abusos ante las autoridades correspondientes, confiando a la justicia ordinaria el establecimiento ordinario del marco de reparación oportuno. Pero cuando el cauce legal no es posible, por la prescripción legal del delito o por el fallecimiento del victimario, la Iglesia sostiene que toda víctima, también en estos casos, «debe ser acogida, atendida y reparada de manera integral». Esto es lo que se atiende desde el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia (Priva).

Para su ejecución, el Plan recoge la creación de un órgano que coordinará la respuesta integral a las víctimas mediante un procedimiento no judicial. Este organismo tratará de verificar individualmente cada caso para ver la condición de los hechos y establecer el marco de reparación oportuno. La reparación parte de lo que la víctima solicita para su sanación, afecta al victimario y a la institución a la que este pertenecía y busca la reparación integral de la víctima en todos los aspectos.

La CEE y la Confederación de Religiosos (Confer) respaldarán subsidiariamente la reparación establecida de modo que ninguna víctima pueda quedar sin la reparación correspondiente establecida por el órgano de coordinación.

El Plan de atención y reparación a las víctimas tiene cinco ejes de los que se derivan las acciones que siguen, referidas al reconocimiento de la víctima, la reparación y la prevención.

• La víctima en el centro de la reflexión y la acción de la Iglesia. La búsqueda de la verdad y la realización de la justicia requieren centrar la mirada en quienes han sido víctimas directas o indirectas de abusos. Se deben crear las condiciones para su acogida, escucha y atención. Se les debe ofrecer la tutela y la protección de la Iglesia, y una asistencia adecuada en todo lo que pudieran necesitar.
• La búsqueda de la verdad y de la justicia, que se explicitan en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como en el enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades jurídicas.
• Acción coordinada en lo que se refiere al tratamiento de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, de manera que las medidas adoptadas resulten similares y que la diversidad institucional no redunde en perjuicio de las víctimas.
• Asumir los cauces de reparación, para que, tratando de dar una respuesta integral al fenómeno de los abusos, no olvidemos la reparación económica, espiritual o psicológica cuando esta sea necesaria.
• Evitar toda revictimización, por lo que el trabajo partirá de la información que la víctima haya aportado ya, en las oficinas diocesanas, de congregaciones o del Defensor del Pueblo.

En el tratamiento jurídico de los casos de abusos, se seguirá lo establecido en la Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales, de abril de 2023.

Propuesta de acción para la puesta en marcha del PRIVA

El Plan prevé tres campos de acción: la víctima, la reparación y la prevención.

En relación a la víctima, todas las diócesis e institutos de vida consagrada y otras instituciones eclesiales han creado oficinas de acogida, atención y acompañamiento a las víctimas de abusos en la Iglesia. En ellas se ha de procurar:

• Acoger a las víctimas y ofrecer servicios específicos como parte de una asistencia integral.
• Prestar orientación y asistencia legal y mejorar la información ofrecida en los tribunales eclesiásticos.
• Dotar a las víctimas de recursos o personas que puedan acompañar y seguir los distintos procesos que quieran iniciar para poder sanar su situación.
• Contribuir a crear entornos seguros favoreciendo que estos se desarrollen en todos los ámbitos de la Iglesia.
• Promover una cultura de pleno rechazo hacia los abusos sexuales y crear mapas de riesgos y de daños que puedan servir de orientación a la hora de atender a las víctimas.

En relación a la reparación, el compromiso que se adquiere es:

• La asistencia debe ser integral, según la necesidad de cada uno: pastoral y espiritual; médica, terapéutica, psicológica y social; y legal, jurídica y económica.
• Los victimarios son los principales responsables de la reparación. Subsidiariamente, la Iglesia tiene una responsabilidad moral de reparar, cuando el agresor no pueda hacer frente a ello.
• La reparación material puede ser: económica en forma de indemnización a partir de una sentencia; económica en especie, en forma de prestación de servicios médicos o terapéuticos; y económica en forma dineraria reconocida y asumida voluntariamente por la Iglesia al término del procedimiento establecido al efecto.
• la Iglesia, por medio de la CEE y la CONFER, debe arbitrar los medios para que se pueda propiciar un resarcimiento de los daños ciertos y reales.
• En ámbito canónico, la prescripción o el fallecimiento del victimario no impedirá buscar la convicción acerca de la certeza o, al menos, de un juicio de verosimilitud.

En relación a la prevención, se propone:

• Proponer medidas y protocolos de actuación en las actividades con menores y personas equiparadas en derechos.
• Ofrecer formación inicial sobre el tema de abusos a menores al inicio de cada curso pastoral en los diversos ámbitos de la pastoral.
• Realizar desde la Iglesia un examen sobre las causas que desencadenan el abuso y pautas y orientaciones para la vida y misión de la Iglesia.
• Procurar el tratamiento a los victimarios con los programas de intervención basados en la evidencia que se usan para otros abusadores por parte de profesionales de la Psicología.

Próximos pasos

Para la puesta en marcha del PRIVA se establecerá una Comisión Asesora que tendrá como objetivo evaluar cada caso de manera singular para analizar los daños causados a las víctimas y definir las vías de reparación a las entidades que deban llevarlas a cabo. Esa Comisión estará formada por diez personas: cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico y un representante de la CEE y otro de la Confer. La Comisión podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con víctimas.

La Comisión recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima, para no revictimizar. Con todos los datos, la Comisión ofrecerá un informe de los casos presentados, que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del victimario o por la prescripción del delito. La Comisión, con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, elaborará un posible baremo o sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos. Para ello se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno.

El presidente de la CEE , Mons. Argüello ha recordado que en estos años se han puesto en marcha casi 300 oficinas en las diócesis y en las congregaciones religiosas. Muchas de ellas, ha precisado, han dado el paso de ser también oficinas que acompañan en la prevención, la formación y la reparación. Argüello ha precisado que el PRIVA que se ha aprobado esta mañana «no significa el comienzo de este trabajo» porque, «ya llevábamos tiempo trabajando». Pero «creíamos conveniente dotarnos de criterios comunes». También ha precisado que este Plan es subsidiario para «cuando se han acabado las vías judiciales».

La Iglesia, ha afirmado «mantiene la puerta abierta para escuchar a las víctimas». Con este Plan, queremos escucharlas y acompañarlas. Además, ha pedido respeto a la sociedad y a las administraciones públicas porque la Iglesia en España «tiene sus reglas de funcionamiento». «No firmamos un decreto que obligue”, ha precisado, sino “unos criterios de comunión para que las personas que crean que deben ser reparadas puedan acudir a cada diócesis y cada congregación o también acudir a una comisión asesora para que les ayude».

El presidente ha señalado que este compromiso «decidido de acompañar y reparar» brota de la responsabilidad moral y del dolor que «acogemos como propio». Además, ha pedido perdón a las víctimas y respeto a su propio caminar. «Lo que hoy hemos aprobado –ha concluido– no ha supuesto el comienzo del trabajo de la Iglesia en España a la hora de abordar la problemática de las víctimas de abusos, pero tampoco es el final». La Iglesia «tiene las puertas abiertas para acoger a quienes quieran venir a nuestra casa. La respuesta de la Iglesia quiere ir más allá de lo que la legalidad nos pide».