Ser niño tutelado y acceder a la universidad, solo un 1% cumplirá su aspiración

Los jóvenes tutelados en pisos de acogida rara vez llegan a la universidad, apenas un 1% en España, y los que aspiran a ello muchas veces deben compaginar estudios y trabajo y afrontar abruptamente una vida adulta cuando cumplen 18 años, momento crucial en el que pierden la protección del sistema público.

La salida del hogar familiar se retrasa cada vez más en España, en torno a los 29,8 años, mientras que estos jóvenes, preparados o no, con poca o nula ayuda, se convierten en mayores el día que celebran su 18 aniversario.

Entre el 1 y el 4 % de los jóvenes que egresan del sistema de protección a la infancia cursan estudios universitarios, un porcentaje que baja al 1% si proceden de centros residenciales, frente al 30-35% de la población general, según una investigación que acaban de publicar profesores de la Universidad del País Vasco y de Vigo y que durante tres años hicieron un seguimiento a estudiantes extutelados.

Dos de ellos, Joana Miguelena y Deibe Fernández Simo, explican en sendas entrevistas con Efe que no son datos oficiales porque uno de los problemas es su «invisibilidad estadística». Tampoco existen a la hora de pedir becas o en la exención en las tasas: «Hay casillas para personas con discapacidad, deportistas de élite, o víctimas de violencia de género, pero no para ellos».

Actualmente, ilustra Miguelena, hay 41 jóvenes que llegaron a la mayoría de edad de los sistemas de protección vascos en toda la universidad pública del País Vasco, y desde el 2017 tan solo once personas han tenido éxito en sus estudios universitarios.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno Vasco tiene a 1.456 chicos y chicas en acogimiento residencial y 821 en el familiar. Estos últimos «llegan más fácil (a los estudios superiores) porque tienen una referencia familiar que se mantiene en el tiempo».

En el Reino Unido, que ha puesto en marcha programas y medidas para fomentar que este alumnado alcance la universidad, un 9 % logra su objetivo.

Miguelena y Fernández Simo recalcan que estas personas son víctimas de una situación familiar y que cuando salen del sistema de protección muchas veces no pueden volver a su hogar. Defienden que deberían tener las mismas aspiraciones que el resto: «No sé hasta qué punto les permitimos soñar y les planteamos escenarios académicos que no sean una FP Básica o un Grado Medio», reflexiona la profesora.

«Las personas que llegan a la universidad, y dirijo una tesis a una chica extutelada, son extraordinariamente resilientes. Los 18 años de estas chicas y chicos tienen un significado distinto, sabes que ese cumpleaños que es importante para muchos porque podrán votar y adquirir ciertos derechos, ellos pierden derechos como es esa tutela y protección».

Según Fernández Simo, que antes de profesor en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo fue educador social, uno de los objetivos es romper la cadena de exclusión. «Es frecuente trabajar con los nietos de personas que estuvieron en acogimiento en los 80. Ello nos indica una tendencia a perpetuar y repetir (patrones); el éxito es que tengan una vida diferente».

Igual que se atiende a las personas con discapacidad, «las universidades estamos dándole vueltas sobre qué mecanismos activar para detectar a estos jóvenes y acompañarlos».

El vicedecano de Sostenibilidad e Inclusión Social de la Facultad de Educación añade que las experiencias vitales de estas personas, cuestionadas por la sociedad y que arrastran vivencias negativas en lo académico, suelen ocultarse porque «desconfían» del sistema y tienen miedo al estigma y a la falta de empatía.

En un acto de graduación, el profesor recuerda el caso de una alumna que no se había cambiado de ropa como el resto que iba con sus mejores galas y, cuando le preguntó, la respuesta fue que en su caso no tenía sentido porque no había con quién celebrarlo; u otra estudiante que le contó en el último curso, en 4º, que había sido tutelada. Hasta entonces prefirió callar.

En opinión de este profesor, uno de los principales problemas es la ausencia del factor social en el sistema educativo. «Cuando un tutelado relata sus historias de vida observamos la distancia y la falta de comprensión entre la realidad del propio joven y el sistema educativo».

En situaciones de conflicto familiar, la demanda educativa se relega y ello deriva en la reprimenda del profesorado. «Incluso cuando hay conocimiento de su realidad, se dan casos como el de un docente que al saber que una de sus alumnas está en acogida hace esta reflexión en alto: «¿Qué haces tú en un centro de menores si no tienes cara de mala? Es decir, el cuerpo docente no entiende que son víctimas de una situación familiar, ellos no son culpables de nada».

Por otro lado, apunta, hay una culpabilización mutua entre el sistema educativo y el de protección sobre quién se responsabiliza de la exclusión educativa. Muchas veces trabajamos (educación, protección, universidad) como departamentos estancos y hay que fortalecer los puentes ya que son nuestras niñas y niños y su educación es nuestra responsabilidad.

La investigación también está firmada por Nazaret Blanco y Victoria Carrera, de la Universidad de Vigo.