Ayuso dice que "ningún colegio podrá pasar de jornada partida a continua a partir del curso que viene"

En su intervención en la primera sesión del debate del estado de la región que se celebra este jueves en la Asamblea, Díaz Ayuso ha asegurado que su Ejecutivo seguirá atendiendo «a la realidad de los estudiantes hoy en la Comunidad de Madrid», con reformas «profundas y necesarias». Díaz Ayuso ha avanzado su intención de implantar la jornada partida escolar, una medida que reclamaba Vox, que se unirá a algunas de las iniciativas para ayudar a los padres a conciliar, como los colegios abiertos en días no lectivos, que comenzó a principios de este mes de septiembre.

Según ha asegurado Díaz Ayuso, «ningún colegio podrá pasar de jornada partida a continua a partir del curso que viene», y los colegios a partir de 3º de la ESO que ya tienen jornada intensiva, ofrecerán nuevas actividades de manera que los alumnos «sin recursos ni alternativas» puedan seguir más horas en su colegio. Además, los nuevos centros de Infantil y Primaria pasarán a impartir también 1º y 2º de la ESO, para que «estas primeras etapas infantiles estén más protegidas», y tendrán jornada partida, al igual que tratarán con la comunidad educativa de que todos los centros públicos hasta 2º de la ESO también lo hagan.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera un «ataque directo» a la educación pública el anuncio de la Comunidad «sin propuesta inicial y sin evaluación previa». «Una vez más, a pesar del desconocimiento del Gobierno autonómico en materia educativa pública y su problemática, se pretende cambiar las reglas del juego sin consultar a los docentes madrileños», dice CSIF en una nota de prensa en la que añade que el Gobierno regional «propone cambiar el statu quo de los docentes y sus condiciones laborales sin contar con ellos».

Con respecto a la extensión hasta segundo curso de ESO de la etapa a impartir en los colegios, el sindicato considera que «supondría una cantidad ingente de desplazados de los institutos públicos». CSIF afirma que «a esta agresión sin precedentes» responderá de forma «contundente» en consenso con los demás sindicatos de la Mesa Sectorial.

ANPE-Madrid, por su parte, exige «no solo que se permita que los centros públicos, en base a criterios pedagógicos, puedan optar libremente por el tipo de jornada escolar, sino también que la administración trabaje activamente para el reconocimiento de la profesión docente y de su especialización, evitando que de forma encubierta se les utilice para cubrir necesidades asistenciales». 

Desde la promulgación de la primera normativa en 2005 sobre la jornada continua, este sindicato asegura que ha «reivindicado la necesidad de hacer menos rigurosos y más flexibles los requisitos para que los centros educativos puedan elegir libremente el modelo de jornada escolar (partida o continua), como elemento que se inscribe en el desarrollo y la consecución de su autonomía pedagógica y organizativa, identificada como un factor de calidad».

«Reconocemos –señala ANPE en un comunicado– que es imprescindible que las administraciones garanticen los servicios asistenciales para el cuidado de los menores, pero es necesario que, como en muchos países de nuestro entorno, se separe claramente la jornada educativa de la asistencial, además de diferenciar las administraciones responsables de cada servicio y los profesionales que deben garantizarlos. Así, se contribuye activamente al reconocimiento social de los profesores y su importancia como pilar fundamental de un sistema educativo de calidad».

Además, esta organización añade que «la regulación de la jornada escolar de la Comunidad de Madrid demuestra claramente la concepción que la Administración tiene de los profesores, ya que permite que se les utilice para garantizar una conciliación familiar mal entendida, a costa de los docentes y cualquier planteamiento pedagógico». Y señala que «cualquier medida o normativa que menosprecie la importancia y especialización de los docentes como expertos de la educación solo ahonda más en el convencimiento de que la sociedad en general y la Administración en particular, no reconocen nuestra profesionalidad como expertos de la educación».

La jornada escolar «no debe confundirse con la jornada asistencial», enfatiza ANPE. «Ha de organizarse en base a criterios pedagógicos, mientras que la asistencial debe atender las necesidades de conciliación familiar», reitera. Y concluye que «la conciliación familiar se debe sustentar en la adopción de medidas que permitan a los hijos estar el mayor tiempo posible con los padres. No somos custodios de los alumnos, somos profesionales».

Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, «estamos de nuevo ante un anuncio efectista y para llamar la atención de la señora Ayuso». «Hace una propuesta en diferido que aleja la atención de los déficits de este inicio de curso en la enseñanza pública, tanto por falta de profesorado como por recortes en la atención a la diversidad o por la falta de becas de comedor escolar o de los déficits también del programa Accede para libros de texto», afirma Galvín. En su opinión, la presidenta regional «nos pone a opinar y a confrontar sobre jornada continuada sí o no, pero eso para el año que viene. Consigue así tapar las vergüenzas de este inicio de curso, confunde interesadamente conciliación, con derecho a la educación, algo que perjudica mucho al alumnado y nos indigna a los profesionales».

Por otro lado, la FAPA Giner de los Ríos ha manifestado su apoyo a la iniciativa anunciada por la presidenta madrileña de implantar la jornada partida de manera obligatoria en todos los nuevos centros públicos. «Siempre hemos defendido que cualquier medida educativa debe centrarse en priorizar el interés superior del menor. En este sentido, consideramos que más tiempo escolar y mejor distribuido contribuye positivamente al desarrollo integral de los estudiantes, tanto desde el punto de vista académico como en términos de bienestar físico y emocional», añade.