Escuelas Católicas y CECE agradecen que se denuncie la infrafinanciación de la concertada

Escuelas Católicas y CECE han manifestado su sintonía con Save the Children, al poner de relieve en su reciente informe una reivindicación histórica: la urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados. Remarcan que en su informe la organización responsabiliza a las administraciones públicas de crear un efecto segregador al no dotar a los centros concertados de los recursos necesarios y reconocen que a “corto plazo, lo más urgente es la actualización de los módulos económicos de los conciertos. Objetivo, por cierto, en el que coinciden prácticamente todos los actores políticos relevantes y que formaba parte del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar”.

En cuanto al presidente de CECE, Alfonso Aguiló, ha manifestado que el informe «enriquece el debate público y confirma una realidad que venimos denunciando desde hace años: la escuela concertada esta infrafinanciada y con eso las políticas públicas discriminan a los alumnos y familias que quieren elegirla». «Los centros concertados no segregan», prosigue Aguiló, «La solución para la equidad empieza por la equidad en la financiación, y eso es una asignatura pendiente desde hace muchos años por parte de las políticas públicas actuales, que están produciendo ese efecto. Es decir, una mejor financiación de la concertada evitaría la mayor parte de los problemas que se señalan».

Al tiempo, señala que «el informe habla mucho del 21% de las causas de segregación y poco del 79% de las causas restantes» e incide en que «el sistema de admisión es el mismo para centros públicos y concertados y además ha sido recientemente modificado por la LOMLOE». Añade el presidente de CECE que «Con el descenso de natalidad hay plazas libres en casi todos los centros y el efecto de las baremaciones de admisión es muy poco significativo». Esto hace que «en el actual contexto de caída demográfica, en el que la escuela concertada necesita alumnos para sobrevivir, no es verosímil que haya selección o listas de espera».

Por último, Aguiló proclama que «la escuela concertada lleva a cabo una gran labor social y educativa desde hace 40 años en España» y que el modelo «no es una anomalía, sino un modelo bien valorado por la mayoría de nuestra sociedad y presente de modo muy positivo en la mayoría de los países de nuestro entorno, como señala el informe de Save The Children».

Por su parte, Escuelas Católicas ve necesario «aclarar ciertas afirmaciones y conceptos equívocos que utiliza el informe de Save the Children sobre la gestión de los centros concertados y su papel en el sistema educativo». Así lo expone en un comunicado.

Escuelas Católicas asevera que el Informe señala que las escuelas concertadas contribuyen a la segregación escolar, pero más adelante aclara que el acceso a los centros concertados está limitado por la propia Administración, que es la que genera el efecto segregador al restringir o excluir a sus potenciales alumnos de las ayudas públicas existentes para alumnos de centros públicos. «Con mayor financiación pública, se reducirían las supuestas barreras que impiden a algunas familias acceder a los centros concertados», proclama.

Según el informe, prosigue Escuelas Católicas, en España se dan las mayores diferencias entre escuelas públicas y concertadas en el perfil socioeconómico de su alumnado, a la vez que advierte de los motivos por los que esto sucede poniendo como ejemplo el caso de Reino Unido y Países Bajos: “en estos países la escuela concertada es mayoritaria y apenas existen diferencias en la composición social entre escuelas públicas y concertadas, en gran parte porque la escuela concertada está financiada plenamente por las administraciones públicas”.

EC resalta que el esfuerzo de la comunidad educativa de la enseñanza concertada para compensar la infrafinanciación estructural tiene efecto en los mejores resultados académicos de sus alumnos y aporta claros beneficios sociales. De esta forma, y tal y como reconoce el informe de Save the Children, la mayoría de las escuelas concertadas en España contribuyen a reducir la segregación escolar, igualando al alumnado más vulnerable con el resto de alumnado.

Si “el coste de las escuelas concertadas es inasumible para las familias con menos recursos”, es responsabilidad de la Administración, se asegura en dicho informe.

Los centros concertados, como cualquier centro sostenido con fondos públicos, ofrecen una educación gratuita. «Es importante distinguir entre las cuotas que se pagan por servicios adicionales como el transporte, el comedor o las actividades extraescolares, y la aportación de las familias, siempre voluntaria y nunca vinculada al derecho a la educación, tal y como dicta la normativa vigente», prosigue Escuelas Católicas.

Es necesario aclarar que la normativa de admisión de alumnos en los centros concertados es idéntica a la de los centros públicos, continúa Escuelas Católicas. «No existe ningún tipo de discriminación ni de selección y los criterios de acceso aplicables son establecidos por la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Los criterios complementarios de acceso de los que habla el Informe son residuales, afectan por igual a todos los alumnos, y jamás tienen que ver con su capacidad económica», ahonda.

«En definitiva, según Save the Children es necesaria una revisión de la financiación y del modelo de gestión que avance en la autonomía organizativa, desde una enseñanza gratuita, pero permitiendo una adecuada gestión financiera de los fondos recibidos. Una demanda que EC lleva años reivindicando con el compromiso de trabajar por una educación inclusiva, de calidad y accesible para todos. Instamos por tanto a las administraciones públicas a cumplir la Ley, garantizando realmente la gratuidad de la enseñanza con una financiación adecuada», asegura la patronal.

«En Escuelas Católicas llevamos años señalando que el esfuerzo de nuestras entidades titulares, sumado a la colaboración de las familias, ha sido crucial para mantener la calidad educativa en nuestros centros, una calidad que también reconoce el informe de Save the Children. Pero este esfuerzo no puede sostenerse indefinidamente sin el apoyo de las administraciones, que tienen la responsabilidad de garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos reciban los recursos necesarios para cumplir con su misión educativa y con su función social. Es el momento de avanzar hacia una verdadera gratuidad de la educación y de que la Administración asegure que todas las familias, sin excepción, puedan ejercer su derecho a elegir el centro educativo que mejor responda a sus necesidades y valores», termina Escuelas Católicas.