Tres sindicatos demandarán a la Xunta por incumplimiento del acuerdo educativo

Según los sindicatos, que han ofrecido este viernes una rueda de prensa en Santiago, desde la Consellería de Educación «se está haciendo una inadecuada aplicación del acuerdo en muchos centros», concretamente en 195, un 18% del total. Tanto CCOO como UGT y ANPE firmaron un acuerdo con la Xunta el pasado mes de octubre con el fin de mejorar el sistema educativo, en el que no participó, sin embargo, la CIG, que es el sindicato con mayoría de representantes entre el profesorado. El acuerdo firmado supone un descenso en las ratios en todas las etapas educativas de forma progresiva, que este año comienza en cuarto de Infantil, además de una ponderación doble o triple a efectos de ratio de los alumnos con discapacidad o necesidades especiales, incrementos retributivos, un plan para la simplificación de tareas burocráticas y la reducción del horario lectivo.

Según ha afirmado el secretario de personal docente de educación pública no universitaria de CCOO Galicia, Borja Campos, si el acuerdo se aplicara «de forma correcta», debería haber, a día 24 de septiembre, 282 aulas más de Infantil y Primaria en la comunidad autónoma y hasta 396 docentes más, que se sumarían a los 556 que se incrementaron desde el anterior curso», advierten. Por ello, las organizaciones sindicales reclamarán a la Valedora do Pobo la aplicación de este acuerdo de forma inmediata, puesto que, según afirman, la Consellería «realiza una mala interpretación del acuerdo» y pretende aplicar todas la medidas «de forma progresiva». «Queda muy claro que no hay ninguna progresividad en este acuerdo», inciden los sindicatos, que aluden a que en el único punto en el que se alude a eso es en la reducción de ratios en las diferentes etapas educativas, pero no en la reducción de ratios de aulas que escolarizan alumnado de diferentes niveles, ciclos y etapas o en relación al cómputo doble o triple de alumnado con discapacidad y dependencia o trastornos graves de conducta.

CCOO, UGT trabajan con los servicios jurídicos y aseguran que, «si no hay un cambio de rumbo», llevarán el caso a la Justicia, en concreto ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, para que sea un juez quien obligue a la Xunta a cumplir con el acuerdo. «Si no hay un cambio importante de rumbo, tomaremos las medidas judiciales que consideremos oportunas. Lo que no vamos a permitir es que este acuerdo tan importante decaiga, ha afirmado el presidente de ANPE, Julio Díaz, que asegura que «la pelota está en el tejado de la Xunta». Además, ha afirmado que el pasado 14 de septiembre solicitaron una reunión «urgente» con el presidente de la Xunta y el conselleiro de Educación, a la que no han obtenido aún respuesta. Díaz ha indicado que no descartan movilizaciones, pero que tienen «muy claro» que la única forma de que la Xunta atienda a sus reivindicaciones es que «un juez resuelva» el conflicto, ante lo que es «una discrepancia en la interpretación».

Por su parte, la secretaria de UGT, Sandra Montero, ha señalado que según el estudio realizado, el balance de «cumplimiento» es positivo, porque «se da fin a la sangría de supresión de aulas, sobre todo en el ámbito rural, que es donde más se acentuaba esta sangría». Los sindicatos estiman que el acuerdo –que se cumple escrupulosamente en el 82% de los centros–, evita la supresión de 204 aulas y de 300 puestos de trabajo, de manera que el número de docentes en activo se incrementa respecto al último curso en 556.

Según ha explicado Montero, este curso es el primero después de muchos años en el que «se crean nuevas aulas de catálogo», en concreto 10, aparejadas a la contratación de 21 profesores. Todo ello, en un contexto de «crisis demográfica» que supone que hay, al menos este curso, 3.000 alumnos menos.