Rosa Rocha, sobre los procedimientos irregulares en obras de centros: “Nadie nos apoya, ni sindicatos ni Consejería”

Desde hace unos meses se han publicado informaciones en diferentes medios de comunicación sobre posibles procedimientos irregulares en obras realizadas en Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid en los que, supuestamente, resultan implicados los directores y equipos directivos de los centros.

Desde MAGISTERIO hablamos con Rosa Rocha, Presidenta de Adimad, Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid y directora del IES Guadarrama, para saber quiénes son los responsables de la asignación de créditos extraordinarios para obras de gran envergadura en la Comunidad y qué nivel de autonomía de gestión tienen los cuerpos directivos.

 Desde Adimad, aseguráis que los directores y directoras tienen una autonomía de gestión económica de los centros muy limitada. ¿Podrías especificar en qué niveles específicos tienen menos autonomía y cómo afecta esto a la gestión diaria de los centros?

–Es cierto que los directores de los institutos de la Comunidad de Madrid tenemos un control muy limitado o nulo sobre la gestión, tanto de los recursos humanos como económicos, ya que dependemos de diferentes instancias de la administración, en concreto de las direcciones de área territorial o de las direcciones generales ejecutivas, como recursos humanos o infraestructuras. La labor de gestión económica, como el resto de tareas que tenemos encomendadas, está limitada por una serie de normas y procedimientos que se establecen por la Comunidad de Madrid o por la legislación estatal, por lo que nuestro margen de maniobra es muy reducido.

Entonces, ¿cómo es el proceso que se sigue en la asignación de fondos extraordinarios para los centros educativos?

–Cuando los centros necesitamos un presupuesto extraordinario, por ejemplo, para grandes obras de reforma, reposición de equipamientos o mobiliario, lo que hacemos es emitir una memoria a la consejería, en concreto, a la DAT (Dirección de Área Territorial) correspondiente: Norte, Sur, Este, Oeste o Capital. En esta memoria, detallamos el coste aproximado y las necesidades para que la DAT correspondiente a cada centro remita la necesidad al departamento general encargado de esta gestión.

Es muy importante que se hagan estas solicitudes, porque la dirección general de infraestructuras o la dirección general de Educación son las que deciden si existe presupuesto suficiente y si se concede o no crédito extraordinario para realizar estas actuaciones. Cuando las actuaciones superan el límite económico legalmente establecido, que es de 15.000 euros para suministros y 40.000 para otras obras de reforma, es la dirección general de Infraestructuras quien presupuesta, dirige técnicamente las actuaciones y gestiona la licitación de los servicios o adquisiciones.

¿Consideráis que es un proceso transparente?

–Hay poca transparencia en la asignación de fondos. Además, la forma de procesar estos fondos es opaca y, en ocasiones, demasiado larga y tediosa. En muchas ocasiones, no sabemos a qué corresponde la cantidad que se entrega a los centros.

Algunos directores han sido señalados por su supuesta implicación en procedimientos irregulares. Desde Adimad, ¿cómo recibís estas acusaciones?

–Creemos que primero hay que ver exactamente cuál es la responsabilidad de los directores en estos casos. Por el momento, hemos emitido un comunicado para que, por lo menos, la opinión pública sea consciente de que nuestra capacidad de gestión económica de los centros es muy limitada.

En el comunicado solicitáis que la Consejería de Educación depure las responsabilidades. ¿Qué medidas específicas proponéis o esperáis que se adopten para evitar futuros problemas de este tipo?

–Creemos que, en este sentido, es fundamental fortalecer el sistema de soporte técnico a los equipos directivos, con unidades de apoyo en los temas más complejos, como la gestión económica, mejorar la comunicación, la formación, el asesoramiento, hacer un mejor seguimiento de los equipos directivos y que haya una mayor transparencia en la asignación de recursos y en los criterios de asignación de los mismos a los centros educativos.

Hablas de hacer un mejor seguimiento de los equipos directivos, ¿cómo es el proceso de auditoría actual de los directores?

–Actualmente, a los equipos directivos no nos realizan auditorías, sino que pasamos un proceso de evaluación de la función de gestión por parte del inspector asignado al centro. Además, lo que se está haciendo son auditorías por parte de la Delegación de Hacienda de la Comunidad de Madrid que, en algunas ocasiones, ha comunicado tanto a los centros como a la Consejería de Educación, algunas irregularidades y procedimientos que muestran un sistema inadecuado a la hora de abordar el funcionamiento de los centros por parte de la propia Consejería de Educación.

¿Cuál es la relación actual de Adimad con la Consejería?

–Nuestra relación actual con la Consejería de Educación es de colaboración. Siempre hemos solicitado reuniones de trabajo y, en ocasiones, hemos sido llamados por la propia Consejería para resolver los problemas que surgen en el día a día. En este sentido, Adimad está siempre abierta a trabajar por la mejora del sistema educativo, concretamente de los institutos de Secundaria y de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid.

¿Qué cambios estructurales se podrían implementar para mejorar la gestión económica de los institutos y asegurar que se usen los fondos de manera eficiente?

–Es necesario cambiar la normativa. Actualmente, la ley de contratación en el sector público, tanto a nivel estatal como a nivel de la Comunidad de Madrid, nos impide trabajar adecuadamente, ya que las cantidades que se manejan (15.000 euros o 40.000 para obras mayores) están completamente obsoletas y deberían adaptarse al contexto actual.

El presupuesto no es suficiente para cubrir las necesidades de los centros…

–Faltan recursos para mantener los centros públicos, que son muy antiguos y requieren mejoras estructurales. Además, también es necesario presupuesto para adaptarnos al contexto actual, por ejemplo los centros de FP tienen que renovar equipos e instalaciones para estar al día en las novedades a las que se enfrenta cada sector, lo que requiere una inversión muy importante.

¿Cómo ha afectado el señalamiento público a la comunidad educativa?

–El sentimiento que hay ahora mismo es de preocupación. Nuestro trabajo consiste en dar una educación de calidad, atender adecuadamente a los alumnos y mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles y eso es lo que hacemos día a día. Nos encontramos solos, nadie nos apoya, ni sindicatos ni Consejería.