Sumar (Gobierno) pide al Gobierno que refuerce a la escuela pública y no a la concertada

La formación minoritaria del Gobierno de coalición ha recalcado a través de un documento, al que ha tenido acceso Efe, que se opondrá a las medidas que pueda proponer el Ministerio de Educación ante la enseñanza concertada si van dirigidas a aumentar los recursos y señala que «financiar más a centros que incumplen la ley es premiar a quienes no respetan ni la Constitución ni las diferentes leyes educativas que han prohibido estas prácticas». «La segregación provocada por la enseñanza concertada-privada rompe la experiencia democrática compartida con fondos públicos, lo que es ilegal e inaceptable desde el punto de vista democrático. Esto ha provocado una gran desigualdad educativa que debemos erradicar tal y como está contemplado en el Acuerdo de Gobierno con el PSOE», puntualiza el documento.

El diputado de IU del grupo parlamentario Sumar Toni Valero ha mostrado su preocupación por la posible actualización del concierto con estos centros privados que mermarían «la enseñanza pública del país». «No es comprensible que con menos niños en edad escolar se cierren aulas en vez de bajar el ratio y que se estén destinando fondos a la enseñanza concertada. Es un proceso encubierto de privatización del sistema educativo», ha dicho Valero en declaraciones a los medios de comunicación del Congreso tras señalar que así se lo ha hecho saber al Ministerio de Educación.

Fuentes del Ministerio que dirige Pilar Alegría han señalado a Efe que tal como mandata la ley de Educación (Lomloe) se creará en las próximas semanas una comisión para el estudio de la financiación de la escuela concertada y que en esa mesa se tratará la revisión de los módulos de concierto, las cuotas que cobran a las familias y los criterios de admisión. Educación incide en que el objetivo es eliminar las cuotas ilegales que se están cobrando en los colegios concertados de forma voluntaria y que paga entre un 81% y un 95% del alumnado, según el último informe de EsadeEcPol; una media de entre 680 y 860 euros al año.

Sin embargo, tras la última reunión del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, con el presidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo, que representa a la concertada, y en la que el Gobierno se comprometió a estudiar el coste del puesto escolar, el socio del Ejecutivo avisa de que «toca reducir el peso de la escuela concertada». «Aumentar los fondos a la escuela concertada va en contra del interés general», señala Valero tras recordar que el peso de la enseñanza pública en la OCDE es de una media del 84% y en España del 64%. Sumar advierte de que «hay una clara tendencia a la privatización del sistema público y es el momento de dar un giro de 180 grados».

En la pregunta de IU al Gobierno, a la que ha tenido acceso Efe, esta formación recuerda que la red de centros privados que reciben fondos públicos tuvo carácter de subsidiario en los años ochenta cuando hubo que escolarizar a la generación del ‘baby boom’ y que ya ha superado el estatus de escuela complementaria. «Las consecuencias han sido nefastas para el sistema público, cada vez más fondos que deberían ir a los centros públicos o a la apertura de nuevos centros públicos son transferidos a centros de titularidad privada de la red», incide el texto dirigido al Ministerio.

El departamento de Alegría recuerda, por su parte, que todos los años se ha actualizado el coste del profesorado de enseñanza concertada de acuerdo con el IPC y señala que la apuesta es aclarar su financiación y definir unos criterios de admisión «transparentes». «La escuela concertada está perjudicando el derecho a la educación», ha recalcado el diputado de IU después de preguntar al Ejecutivo si el Gobierno planea «desplegar una estrategia para ir reduciendo paulatinamente el peso de la red de enseñanza concertada en favor de la red de centros públicos».

En un comunicado, Escuelas Católicas expresa su «preocupación por algunas de las afirmaciones vertidas en las que se sugiere, sin base alguna, que los centros concertados cobran cuotas ilegales y discriminan a los alumnos en los procesos de admisión». Desde esta patronal de centros concertados, nuevamente, niegan «con rotundidad estas acusaciones que denigran a una red consolidada y valorada por las familias». La normativa vigente sobre la admisión de alumnos es clara e igual para los centros públicos y concertados. Todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa a través de las plataformas digitales creadas por las administraciones educativas competentes, y rechazan cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes.

Además, consideran que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada son «sesgadas y no reflejan la realidad de nuestro modelo educativo». En cuanto al «positivo» anuncio del Ministerio de Educación de estudiar el coste real del puesto escolar, pedimos que «no se quede en palabras y que por fin se cumpla con la LOE» en dos aspectos fundamentales:

1. Constitución de la Comisión de estudio del coste de impartición de enseñanza: solicitamos que se constituya a la mayor brevedad la comisión establecida en la Disposición Adicional 29 de la LOE, encargada de actualizar el módulo de los conciertos educativos para que refleje de manera adecuada los costes reales de la enseñanza, en condiciones de gratuidad.

2. Suficiencia de la financiación pública: exigimos que la financiación pública destinada a la educación concertada sea suficiente para cubrir completamente el coste de impartición de las enseñanzas concertadas, tal como establece el artículo 88.2 y el artículo 117 de la LOE, en condiciones análogas a la enseñanza pública.

Por su parte, la tambien patronal de concertada CECE «celebra el anuncio del Ministerio de Educación y reafirma su compromiso con la legalidad y transparencia en la escuela concertada, rechazando falsos relatos malintencionados». Por otro lado recuerdan que el Gobierno «ha incumplido el compromiso legal de calcular el coste real de la plaza escolar de la educación concertada, exigido por la ley al menos desde 2006 y nos alegra que anuncie que por fin dará cumplimiento a esa obligación exigida por la LOE y la Lomloe». Concluye señalando que «son falsas las acusaciones vertidas sobre los centros de educación concertada, relativos a la práctica de cobro de ‘cuotas ilegales’ o el incumplimiento de la normativa de admisión».