El Parlamento vasco autoriza que los sueldos en la concertada se equiparen a los públicos
Los pagos a realizar al personal de la red concertada corresponden a los ejercicios 2023 y 2024 y se abonarán con carácter retroactivo. Un total de 50,1 millones se habilitarán para la red de Kristau Eskola y 16,8 para las ikastolas y el resto de centros. PNV, PSE-EE, PP y Vox han votado a favor de la ley, mientras que EH Bildu se ha abstenido y el único parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se ha posicionado en contra.
El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha justificado la abstención de su grupo porque, según ha señalado, aunque le parece en general una buena medida, todos los centros concertados no son iguales ni tienen el mismo compromiso con la euskaldunización, la transparencia, la laicidad o la inclusión.
Por su parte Jon Hernández ha votado en contra porque, según ha asegurado, permitirá que haya sueldos en la concertada que estarán por encima de los de la red pública. Además, ha apostado por un modelo de escuela pública y ha reprochado al Gobierno Vasco que mantenga la red privada con dinero público. Esta medida requería de una modificación de la ley de presupuestos para poder ampliar la partida destinada a la financiación de los centros concertados. Será el Departamento de Hacienda el que habilitará a partir de ahora los fondos para afrontar estos pagos, con cargo a los remanentes de Tesorería.
Esta iniciativa responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación de 2006 y de la Ley vasca de Educación de 2023 y cuenta con el consenso de representantes de los centros escolares concertados de Euskadi, de los de Iniciativa Social y de las ikastolas, así como de los sindicatos mayoritarios, según la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. La consejera, que no ha intervenido en el pleno para explicar el contenido de esta modificación legislativa, aclaró hace unos días que con esta equiparación salarial los profesores de la red de enseñanza concertada no podrán tener retribuciones superiores a los que trabajen en la pública «en sus mismas circunstancias».
La equiparación supone también la asunción de una serie de compromisos y obligaciones por parte de los centros privados concertados, que se establecerán en normativas que Educación está ultimando. Así, implican compromisos como la transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, de manera que respondan a principios de igualdad, mérito y capacidad, y que se garantice la publicidad de las ofertas. Además, estos colegios tendrán que elaborar una relación de puestos de trabajo que incluya a todo el personal docente y no docente.