En MUFACE peligra la libertad de elección sanitaria
- El origen del problema
Los funcionarios están obligados a pertenecer a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y a pagar una cuota. Su continuidad está en peligro desde que, hace pocos días, el Ministerio de Sanidad planteó incorporar un millón de funcionarios más al régimen general de la Seguridad Social. Se trata de los exactamente 1.007.322 funcionarios que, en su momento, decidieron recibir la asistencia sanitaria en aseguradoras privadas (ASISA, ADESLAS y DKV) en lugar de hacerlo en la Seguridad Social. Este número significa el 67,3% de los aproximadamente 1,5 millones de funcionarios que actualmente existen. El sector más afectado es de la enseñanza ya que los docentes constituyen el 65% de los mutualistas.
Cada año, durante el mes de enero, los funcionarios pueden elegir entre estar en una de las tres aseguradoras privadas antes mencionadas o en la Seguridad Social. Disponer de esta libertad de elección es el derecho que ahora el actual gobierno pretende eliminar. No lo hace por motivos económicos porque la prima anual por asegurado en la Seguridad Social es de unos 1.700 euros, mientras que en las aseguradoras privadas es de solo unos 1.000 euros. Es decir la Administración se ahorra aproximadamente unos 700 euros anuales por cada mutualista que escoge una aseguradora privada. Esta diferencia se debe al bajo precio que el Estado paga al médico privado por visita. Al parecer, el Gobierno pretende acabar el concierto con las aseguradoras sanitarias privadas por motivos ideológicos, es decir porque quiere que todos los servicios sanitarios de los trabajadores queden cubiertos por la sanidad pública y, así, que la sanidad privada quede reducida a su mínima expresión. Pasa lo mismo que con la enseñanza pública y la enseñanza privada, que en lugar de aceptar que el país tienes dos redes, la privada y la pública, pretende acabar con una de ellas, como si nos sobrara el dinero.
- La complicidad de los sindicatos de clase
El gobierno de España está dispuesto a romper los conciertos con las aseguradoras sanitarias pese a que ello va a perjudicar tanto a los que están inscritos en una aseguradora privada como a los que están inscritos en la Seguridad social. Los primeros ya no podrán acceder a los médicos que los trataban, en ocasiones desde hace muchísimos años y que conocen bien sus dolencias y, en el caso de que tengan 70 o más años, tampoco podrán acceder a ellos contratando una póliza privada en su actual aseguradora, ya que a partir de esa edad las mutuas ya no los admiten. Además, se calcula que se perderán unos 13.000 puestos de trabajo en la sanidad privada.
Por otro lado, los usuarios de la Seguridad Social, tras la llegada de un millón más de usuarios, quedará más sobrecargada por lo que desde los tres meses de media que ahora hay que esperar para conseguir una visita con un especialista, se pasará a cuatro o más meses y lo mismo sucederá con las intervenciones quirúrgicas.
Este problema ha evidenciado la ideologización de los sindicatos del sector educativo, porque mientras CSIF ha organizado manifestaciones en contra y ANPE ha hecho gestiones y comunicados pidiendo que los funcionarios puedan seguir eligiendo entre la Seguridad Social y las aseguradoras médicas concertadas, el sindicato CCOO ha indicado que no hay ningún motivo de preocupación, porque posteriormente siempre se podrán interponer recursos administrativos, la UGT se ha mostrado optimista ya que se va a hacer un nuevo sondeo con todas las aseguradoras privadas y STES todavía no se ha quejado de nada. Es evidente que estos tres últimos sindicatos han priorizado su deseo de reducir el sector privado, por encima del derecho a elegir que tiene una parte de los trabajadores, desde hace muchos años.
- Los hechos acaecidos a un mes del final
En el Consejo de Ministros del 8 de octubre de 2024 se autorizó a MUFACE a establecer nuevos conciertos con las aseguradoras privadas de asistencia sanitaria, para el millón de funcionarios que han elegido esta opción. Se ofrecieron 1.337 millones para 2025 y 1344 millones para 2026, lo cual supone un incremento de un 16% respecto al concierto anterior. Ninguna de las tres aseguradoras privadas (ADESLAS, ASISA y DKV) lo aceptó y el concurso quedó desierto.
Las aseguradoras dijeron que el incremento del concierto debería de ser del 40%, debido a la necesidad de contratar especialistas en los nuevos tratamientos en un contexto de escasez de profesionales sanitarios y debido al elevado costo que supone la introducción de las nuevas tecnologías de diagnóstico, de los nuevos fármacos que hoy se utilizan en oncología y del aumento de las enfermedades crónicas que precisan muchas visitas médicas.
El Ministerio ha reaccionado haciendo una consulta no solo a las tres aseguradoras antes mencionadas sino también a otras aseguradoras, sobre el coste mínimo de sus servicios, para intentar llegar a un acuerdo. El sondeo se inició el pasado 20 de noviembre y tendrá una duración de 10 días, por lo que a principios de diciembre ya se tendrán todos los datos, es decir antes del 31 de diciembre en el que finaliza el actual concierto. Esperemos que la libertad de elección se mantenga y que en el futuro se pueda ampliar a más trabajadores.
Antonio Jimeno, presidente del sindicato de profesores AMES