Las seis universidades públicas de Madrid urgen a Ayuso a resolver su "infrafinanciación"

Los Consejos de Gobierno de las seis universidades públicas madrileñas han publicado este jueves una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que muestran su “profunda preocupación” ante el borrador de Presupuestos del Gobierno regional para 2025.

Las votaciones en los consejos extraordinarios celebrados este jueves arrojan «unanimidad» en cinco de las seis universidades y una amplia mayoría no unánime en el consejo de la Rey Juan Carlos (URJC) donde ha habido una abstención, según han confirmado a Efe fuentes universitarias.

Así lo expresan tras celebrar este jueves sus respectivos consejos extraordinarios sobre el borrador de presupuestos regionales aprobado el 30 de octubre, que “no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”, (LOSU), indican la carta. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad”.

Si la Asamblea lo ratifica en los términos presentados, “se agravará la ya crítica situación económica” de las universidades tras años de “infrafinanciación acumulada”, ya que la partida destinada a subvenciones “ignora los argumentos” planteados por las universidades y “enmascara un descenso real” en la financiación. Pese a “la alarmante situación económica”, la partida presupuestaria anunciada “se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año”.

Además, el proyecto de presupuestos no incluye recursos para cubrir «el significativo incremento de costes derivados del cumplimiento de la LOSU», que en su artículo 55 recoge «de forma clara la obligación de las administraciones» de garantizar la suficiencia financiera universitaria, y la Comunidad debe ”cumplir con este mandato para evitar un escenario crítico”, tras 15 años de infrafinanciación.

Desde la crisis financiera, la Comunidad «redujo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a estudiantes», y aunque éstos se han ido reduciendo, no se ha recuperado la subvención nominativa del Gobierno regional a las universidades. Mientras otras comunidades han revertido los recortes, Madrid «se aleja del objetivo de dedicar el 1% de su PIB a la educación superior» y es la comunidad que «peor financia sus universidades» e impone «uno de los precios públicos más altos del país a las familias».

Resulta «aún más alarmante» la partida anual para inversiones «congelada desde 2014 en tan solo 7,6 millones para las seis universidades», además de una «caída significativa» del plan de infraestructuras.

Para cumplir la LOSU, hubo que «rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción».

Aunque el Ministerio negocia con las comunidades un convenio sobre nuevas contrataciones, «nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid, ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa», indican los rectores en la carta abierta, para autorizar ese crecimiento sin mermar las actuales nominativas que apenas cubren «el 80% de las nóminas».

Ante la gravedad que implicaría la aprobación del actual Proyecto de Presupuestos para 2025, las universidades ven imprescindible enmendar los presupuestos durante su trámite en la Asamblea, aumentar considerablemente la partida de infraestructuras, iniciar la elaboración de un modelo de financiación plurianual que asegure la sostenibilidad universitaria, garantizar la adaptación a la LOSU de las plantillas para mantener el servicio en las mismas condiciones. De lo contrario, el sistema universitario madrileño, el segundo más grande de España en número de estudiantes, afrontaría otro año de precariedad laboral, imposibilidad de reponer jubilaciones, limitaciones en promociones, paralización de proyectos formativos y de investigación, y de incapacidad. A esto se suman «infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores. Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica, lo que nos pondrá en clara desventaja con otras comunidades», concluyen los rectores.

Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid a una reunión el 3 de diciembre para tratar la financiación universitaria.