Sindicatos confían en que se revise el coste del puesto escolar de la concertada este año

En una entrevista con Efe, el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, confía en que en esta legislatura haya un acuerdo en la Mesa Sectorial de la Concertada para que se «corrija» el déficit de financiación que estima entre un 30% y un 40% respecto de la financiación de la enseñanza pública. «Esperamos que se retomen ya los trabajos de los grupos que se crearon con el Ministerio el pasado mes de julio», señala Pueyo que dice que Educación es consciente de que hay una infrafinanciación y recuerda que desde hace 40 años no se ha vuelto a revisar el reglamento de conciertos de 1985 para mejorarlos.

En este sentido, recalca el compromiso que le trasladó el nuevo secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, al inicio del curso escolar para reactivar la comisión prevista en la LOE de 2006 para el estudio del coste del puesto escolar en la concertada. Una mesa, en la que según fuentes del Ministerio de Educación, se trataría la revisión de los modelos de concierto, las cuotas que cobran a las familias y los criterios de admisión en los colegios que reciben fondos públicos.

Para la concertada el objetivo es consensuar un estudio del puesto escolar para presentarlo después a las comunidades autónomas. Un informe que indique el coste escolar real de un puesto en la concertada y que según señala Pueyo pasa de estar entre los 3.000 o 4.000 euros anuales por alumno en los colegios concertados a los 6.000 u 8.000 en la enseñanza pública. El único estudio que se ha hecho al respecto y representa solo a las escuelas catalanas es el del Síndic de Greuges de Cataluña (El Defensor de las personas) de 2020 que concluye que existe una infrafinanciación del 40% en la concertada de esta comunidad autónoma.

«Podría servir de base y es importante que lo pudiera elaborar un organismo independiente, sea el Defensor del Pueblo o de empresas auditoras reconocidas», recalca Pueyo, que explica que el módulo base que debe fijarse anualmente para el concierto es solo un «mínimo obligatorio», ya que a partir de ese importe cada gobierno autonómico lo debe complementar con más recursos. Además, el coste de un puesto escolar en un colegio concertado no es el mismo en Madrid que en Castilla y León o que en Galicia debido al encarecimiento que acarrean zonas con mayor dispersión territorial. Sin embargo, FSIE confía en que en esta legislatura se pueda cerrar un presupuesto plurianual de financiación. «Siendo conscientes de que esto costará meses», reflexiona.

Pueyo admite que la actual coyuntura política de crispación y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025 ponen palos en la rueda a estos trabajos. Y señala que ni tan siquiera se ha publicado oficialmente este año el modulo de concierto del 2024. Además, avisa de que la subida del IPC en el salario de los docentes no es suficiente para igualar los sueldos de estos profesores con los de la enseñanza pública.

Pueyo también tiene claro que las obligatoriedad de pago de cuotas en los colegios concertados es «ilegal» e insiste en que con una buena financiación desaparecerían las cuotas voluntarias, «que eso sí es legal porque son donaciones particulares».